Repsol y Cepsa acusan al Gobierno de imponerles el mismo castigo impositivo que a las eléctricas

El impuesto a las grandes energéticas españolas, y que ahora la Unión Europea quiere hacer extensivo a todas las empresas del viejo continente con medidas especiales para algunas empresas, ha puesto en pie de guerra a las compañías petroleras que se verán afectadas por este tributo. Sobre todo, porque no entienden el sentido de gravar servicios que nada tienen que ver con lo que supuestamente persigue dichos impuestos. Repsol, Cepsa y BP España figuran entre las afectadas. 

El nuevo impuesto a las empresas energéticas contempla un escenario muy concreto sobre quiénes serán las compañías que deban hacer frente a este cargo del 1,2% sobre el volumen de negocio que se genera en España. Se tuvieron que ingresar más de 1.000 millones en 2019; y además hay que ser una comercializadora de referencia según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Pese a dicha concreción, o precisamente por ello, las grandes petroleras españolas han alzado la voz de manera conjunta a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Han querido así mostrar su malestar por esta situación, y señalan directamente al Ejecutivo.

En este sentido, la asociación que grandes pretoleras como Repsol, Cepsa o BP España recuerda que el planteamiento del nuevo gravamen ignora por ejemplo, que, en el caso del refino forman parte de la cifra de negocios determinados impuestos o ingresos derivados de otras actividades ajenas a la energética, como la química, o las ventas de otros productos en las estaciones de servicio (productos ‘non-oil’).

De esta manera se reabre el debate sobre quién debe pagar este impuesto. De hecho, desde Iberdrola trasladaron el mensaje contrario. Es decir, que en todo caso deberían ser las eléctricas las que queden fuera de este impuesto y, por el contrario, que sean las compañías que mayor relación tienen con el gas, las que cargen con el tributo.

Y la disputa parece que se mantendrá en el tiempo. AOP recuerda que Repsol, Cepsa o BP España ya sostienen impuestos sobre productos cuyo precio puede estar regulado administrativamente, como en las ventas de gas licuado (GLP); o ingresos obtenidos y gravados en otros países, como es el caso de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero.

Malestar entre las petroleras

Pero no se trata del único malestar. AOP subraya el desacierto en la forma de planteamiento de este tributo, ya que en ningún momento se ha tratado con la asociación y sus miembros, pese a mantener una línea de colaboración permanentemente abierta con el Gobierno de España para valorar el Plan de Contingencia energético. Es más, AOP señala en este punto la inconveniencia de plantear esta iniciativa, anunciada por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, no como un proyecto de ley del Ejecutivo, sino como una proposición de Ley de los grupos parlamentarios socios en el mismo, eludiendo de esta forma los trámites de audiencia e informe previos. 

Además, sostienen desde una de las patronales petroletas, debería valorarse la opinión y la situación de la industria del refino española, que es hoy un activo estratégico de gran importancia para el país. A este respecto, recuerdan que, mientras que en Europa se han cerrado refinerías y el continente perdía el 9% de su capacidad de refino, en España las compañías asociadas hicieron un intenso esfuerzo e invirtieron casi 7.000 millones de euros para que las refinerías tuvieran más capacidad de conversión y flexibilidad. 

Como consecuencia de esa inversión, aseguran, hoy en España está garantizado el suministro, gracias a nuestra capacidad de sustituir el crudo ruso por otros de distintas procedencias y calidades. Además, España es exportadora neta de gasolina y gasóleo, una situación muy diferente a la de otros países europeos. 

Lo que viene de Bruselas

Por si fuera poco este frente, este miércoles se ha conocido que Bruselas pretende aplicar una «contribución» del 33% sobre los beneficios obtenidos a partir del ejercicio 2022 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los tres últimos años fiscales o después de enero de 2019. Si el importe resultante fuera negativo, la tasa a aplicar sería cero.

Este impuesto solidario y temporal se aplicará adicionalmente, es decir, como añadido al resto de tributos de la legislación nacional de cada Estado miembros y los ingresos, recaudados por los países de la UE, se destinarán a los hogares más vulnerables, a las empresas más afectadas y las industrias electrointensivas.