Renta Corporación deja atrás la tutela judicial

Semanas decisivas las que está viviendo la inmobiliaria Renta Corporación en su afán por superar el concurso de acreedores, en el que lleva inmersa desde hace quince meses. Y todo apunta hacia una salida airosa tras haber aceptado el juez la solicitud de los acreedores de adjudicarse activos hipotecados en garantía del crédito sindicado, que permitirá amortizar deuda por un valor de 98 millones de euros.

Adjudicación que permitirá mañana martes al presidente de Renta Corporación, Luis Hernández de Cabanyes, presentarse en el barcelonés hotel Rallye, ante la junta de accionistas, con la sensación de haber alcanzado el objetivo.

Contratiempo

Algo que ni mucho menos tenía la seguridad de lograr hace mes y medio cuando el consejo convocó la junta. De hecho, justo un día después, la empresa se vio obligada a solicitar al juez la suspensión y aplazamiento de la junta de acreedores prevista para el pasado 9 de mayo, debido a que no existía garantía de que una mayoría suficiente de acreedores –representativos de al menos el 50% de los créditos ordinarios– respaldara la propuesta de convenio presentada por la empresa.

Además de la adjudicación de los activos hipotecados del crédito sindicado, el convenio aprobado establece una doble alternativa de pago respecto a los créditos ordinarios y subordinados, que pasaría bien por una propuesta de quita progresiva, según el importe del crédito, y pagos anuales crecientes hasta el 2022, o bien por una capitalización de la deuda convirtiendo parte del crédito en acciones de la compañía, manteniendo el resto del crédito en forma de deuda participativa. A finales del primer trimestre, la deuda neta de Renta Corporación ascendía a 155,5 millones de euros.

Refrendo del juez

La aceptación del convenio por parte de los acreedores supone también aceptar el plan de viabilidad que se lleva implementando desde la entrada en concurso, con la simplificación de su estructura societaria, sustanciada en la liquidación de filiales en el extranjero, la reducción de costes de personal tras el despido de más de la mitad de la plantilla, el refuerzo de los fondos propios y el mantenimiento del modelo de negocio adaptado a las actuales circunstancias de mercado.

A partir de ahora, la decisión aprobatoria del convenio por parte de la junta de acreedores deberá ser refrendada por el juez, quien, antes, deberá abrir un plazo de diez días para las posibles formulaciones contrarias al convenio por parte de la propia administración concursal, los acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayoría.

Si, como es previsible, no se formula oposición alguna y el juez no aprecia que se ha infringido alguna de las normas sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la constitución de la junta o su celebración, dictará la definitiva sentencia aprobatoria.

Junta premonitoria

El propio orden del día de la junta de accionistas de Renta Corporación, que se celebra mañana, ya recoge algunos puntos que dan por hecho que no existirá problema alguno para que la empresa supere el concurso y deje de estar sometida a la tutela judicial. Entre ellos, la autorización al consejo para adquirir acciones propias de la sociedad o aumentar capital hasta la mitad del actual, o la delegación para emitir deuda, canjeable y/o convertible, con atribución de la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Aunque el resultado exacto de la votación de la junta de acreedores no se conocerá hasta que el juez publique el auto con el acta, es de suponer que Sareb, el banco malo, votó a favor, en contra de su habitual posicionamiento en contra en estos casos.

Sareb lo puso fácil

Se veía venir. El mismo día que la inmobiliaria catalana entró en concurso, la sociedad presidida por Belén Romana, en un gesto inusual –ni lo había hecho antes ni lo ha hecho después–, emitía un comunicado para mostrar “su mejor disposición para seguir trabajando con Renta Corporación en la búsqueda de la solución más idónea”.

La Sareb se convirtió en principal acreedor financiero de Renta Corporación, con 50 millones de euros, tras heredar los créditos de entidades como Bankia o CatalunyaCaixa. El resto de los más de cien millones de deuda financiera se los repartían Banco Popular, ING, Deutsche Bank, SAE, Caixa Geral y Caixabank. También debe Renta Corporación más de 21 millones de euros a Hacienda, sobre todo por aplazamientos de IVA que vencen a finales de 2016.