Renault también manipuló las emisiones de sus coches diésel
Renault manipuló las pruebas de emisiones contaminantes durante al menos siete años, según un estudio de la oficina antifraude francesa
La lista de grandes fabricantes que manipularon las emisiones de sus vehículos sigue creciendo. Según un informe de los servicios antifraude franceses, Renault utilizó “estrategias fraudulentas” durante más de siete años para para engañar sobre el nivel de contaminación de sus motores diésel. «Renault SAS engañó a los consumidores sobre los controles efectuados, y en particular en el control reglamentario de homologación sobre las emisiones contaminantes», señala el documento, desvelado este miércoles por el diario Libération.
Las sospechas en torno al grupo se remontan más de un año. En enero de 2016 el Gobierno galo, que cuenta con una participación del 15% en la empresa, anunció la revisión de hasta 15.000 vehículos. A comienzos de este año tres jueces franceses iniciaron las pesquisas para averiguar si ciertos modelos estaban preparados para superar las pruebas de homologación contaminante, reduciendo en estos test la cantidad de emisiones propias de la conducción real.
Un estudio previo había señalado concretamente al Renaul Captur, con una diferencia del 377% en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), y al Clio IV, con un desfase del 305%. «Esos resultados permiten sospechar la instalación de un dispositivo fraudulento que modifica específicamente la función del motor para reducir las emisiones de NOx en las condiciones específicas del test de homologación para que las emisiones respeten los límites reglamentarios”, señala el informe ahora revelado.
Los modelos Renault Captur y Clio IV presentan emisiones un 300% superiores en carretera
En apoyo de esas sospechas, los agentes antifraude que registraron la sede de Renault en las afueras de París y dos centros de investigación en enero de 2016, encontraron correos electrónicos que vendrían a confirmarlo. Libération citó uno de esos correos, del 25 de noviembre de 2015, entre la directora de Asuntos Jurídicos de la empresa, la jefa de Comunicación y el responsable de Relaciones Institucionales, en el que se concluía que el sistema de descontaminación de los motores «es inoperante muy rápidamente en carretera, pero funciona durante los test».
En caso de que se constatara jurídicamente la infracción, la compañía podría ser multada con el equivalente al 10% de su volumen de negocios, unos 3.500 millones de euros, indica el diario.
Pocas horas después de conocerse este informe, Renault emitió un comunicado en el que insistía en que «ninguno de sus servicios ha infringido las reglas, europeas o nacionales, relativas a la homologación». El grupo francés asegura que «no tiene intención de comentar una instrucción en curso, proceso confidencial por naturaleza y al que la empresa no tiene acceso», por lo que «no puede confirmar la veracidad, exhaustividad y fiabilidad de las informaciones contenidas en el artículo».