Rejón de muerte a las renovables a la vista

Se espera que este mismo mes de junio vea la luz la reforma energética en la que anda metido el Gobierno de Mariano Rajoy desde que llegó hace año y medio a la Moncloa. Y el sector de los pequeños productores de energías renovables está en ascuas. Se teme lo peor. Otro recorte de las primas que reciben.

Para la mayoría de estos 50.000 empresarios, que se endeudaron hace un lustro hasta las cejas ante la garantía del Estado de que recibirían subsidios por la producción de estas energías, un nuevo recorte, el quinto, provocaría –por poco que fuera (estará entre un 10% y un 20% adicional)– la imposibilidad de devolver a los bancos los más de 20.000 millones que adeudan.

Torpedo para los bancos

Y, para las entidades financieras, otro torpedo sobre sus balances sobre el que se duda de su alcance por no conocer con exactitud, como ocurrió con los activos inmobiliarios, el nivel de provisiones efectuado ante la previsible quiebra de la mayoría de estas pequeñas empresas.

Habría que ver, entonces, qué pasa con esos activos en manos de los bancos acreedores. Parques de molinillos y paneles solares que, sin la seguridad y el mantenimiento adecuados, perderían su valor, salvo que acaben en otro banco malo, como en el ladrillo, o en la misma Sareb. Comprados parcialmente con dinero público para que luego las grandes eléctricas se queden con ellos a precio de saldo.

Déficit de tarifa

Las ayudas a la producción de renovables son objeto de gran controversia entre sus acérrimos partidarios –los propios productores afectados y los grupos ecologistas – y aquellos otros, parte interesada, que, aprovechando el desbocado déficit de tarifa, presionan para acabar con la, según ellos, intrusión de estos pequeños empresarios.

El Gobierno lo tiene claro. Lo viene diciendo cada vez que tiene ocasión el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, desde que llegara al cargo hace casi seis meses. Mientras exista déficit de tarifa no se va a respetar la seguridad jurídica de las renovables. Y son precisamente los cerca de 30.000 millones de euros (generados a un ritmo de 6.000 millones anuales) a los que llega ya ese déficit.

¿Qué cuesta la energía?

El problema es que esa deuda generada por el desfase entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico no se ve de manera homogénea. Existen diferencias de criterio. Ese déficit no se establece por la simple diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagamos por ella, sino la diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa. Parece lo mismo, pero no lo es.

Con la actual configuración, el precio que paga el consumidor en la factura de la luz no guarda relación con el coste real de producción de la energía. Un precio fijado en subastas por el mercado mayorista en el que los que compran y los que venden son los mismos, las grandes empresas del sector eléctrico. Además, a este precio se le añaden conceptos asociados al servicio de suministro y las primas recibidas por las energías renovables.

Intereses de la deuda

Para cubrirse las espaldas con el abono del déficit, las grandes multinacionales cuentan con el Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico, dotado con 24.000 millones de euros en emisiones de deuda avalada por el Estado, y gestionado por las entidades financieras.

Los que se trasladarán a los ciudadanos hasta 2020 en el recibo de la luz y del que sacan provecho adicional tanto las empresas como los propios bancos, que cobran jugosos intereses de esa deuda titulizada sin riesgo alguno.