La reforma laboral saca los colores a Paradores: tiene que hacer fijos a 1.450 temporales
La empresas pública que dirige Pedro Saura tiene que reducir del 37,5% al 8% los contratos temporales para ajustarse a la Ley
Paradores es una de las empresas públicas españolas con más personal eventual, en concreto cuenta con un 37,5% de la plantilla bajo este régimen laboral, solo superado por Tragsa, que tiene un 52%. Para cumplir con la Ley, la hotelera tendrá que ofertar 1.450 plazas y así reducir esa cifra al 8% antes de que acabe 2024.
Este es precisamente el objetivo que persigue la reforma laboral que tantos meses de negociación le ha costado a Yolanda Díaz para priorizar la contratación indefinida. Pero también lo establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. También conocida como ‘ley de interinos’.
Algunas empresas han empezado a mover ficha. Tagsa hará fijos a 6.000 trabajadores a partir de este mes de abril, según adelantan varios medios. Paradores debe hacer lo propio con otros 1.450 empelados y Correos, que tiene a un 31% del personal con contrato temporal, de momento no se ha pronunciado.
Fuentes sindicales explican que la cadena hotelera irá sacando ofertas de empleo público de manera progresiva durante los dos años. Hasta la fecha, Paradores ha ido sacando plazas en función de las bajas que se iban produciendo de manera natural, lo que se conoce como tasa de reposición. “Como empresa pública solo pueden hacer fijo al mismo número de personas que salen”, recuerdan. La última oferta fue de 154 plazas.
Acabar con los contratos de duración determinada no será el único reto al que debe enfrentarse Pedro Saura, presidente de la red de Paradores de Estado desde julio de 2021. Su plantilla, formada por más de 4.000 trabajadores espera conocer en pocos días si la empresa les abona los salarios que no les pagaron durante el primer confinamiento.
Cuando el Gobierno declaró el Estado de Alarma, Paradores, que en ese momento estaba dirigido por Óscar López, actual jefe de gabinete del presidente, Pedro Sánchez, rechazó la idea de aplicar un ERTE a la plantilla pese a que cerraron todos sus 97 establecimientos en España desde el 16 de marzo y hasta el 25 de junio.
“López no quiso enfrentarse a su partido para dar ejemplo de gestión pública y descartó la idea de hacer un ERTE” comentan fuentes sindicales. Lo que hicieron entonces fue pagar a los trabajadores exclusivamente el salario base durante el periodo del 12 de abril hasta el 24 de junio de 2020, sin aportar la prima de producción que es lo que eleva su salario.
La plantilla decidió entonces denunciar a la Audiencia Nacional, ganaron en primera instancia y están a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, donde recurrió la empresa. Está previsto que se pronuncie a finales de este mes. Los sindicatos calculan que los trabajadores dejaron de ganar entre 200 y 600 euros al mes por no haber recurrido al ERTE.
Este “plan de contención de gasto”, como lo llamó la cadena hotelera, les costó 50 millones de euros, según sus cuentas. Una situación que le llevó a cerrar el ejercicio 2020 con pérdidas de 63,4 millones de euros y al Gobierno, a inyectarle 30 millones de euros para capear el segundo año de la pandemia y otros 17 millones para arrancar 2022.
El salario congelado y los precios subiendo
Este martes CCOO presentaba un informe donde alertaba de que de los 54 convenios del sector de la hostelería-turismo, solo 14 están en vigor, mientras 22 están vencidos y otros 18 ya en negociación. Paradores es una de las empresas que debe negociar este 2022 uno nuevo.
El sindicato explica que empezó a negociarse el pasado mes de septiembre, pero Saura decidió retrasarlo a la espera de que se concretara la reforma laboral. Siete meses después “sigue en stand by”. Los trabajadores urgen a negociar para que se les pueda aplicar las subidas salariales para empleados públicos que se han ido aprobando en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Según la representación laboral de Paradores a estas alturas tienen sin autorizar y por lo tanto sin cobrar el incremento del 0,30% de 2020 y del 0,9% de 2021 en el del 0,9%. Pero también la subida del 2% acordada para este 2022. Una subida que por otra parte consideran insuficiente porque “si el IPC sube un 9% seguimos perdiendo un 7% de poder adquisitivo y llevamos arrastrándolo años”, aseguran desde CCOO.