Rajoy plantea llevar a la Generalitat otra vez ante el Constitucional

En medio de la presión soberanista impulsada por la Generalitat de Catalunya, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene una nueva denuncia sobre su despacho. El Presidente sopesa llevar al gobierno catalán de nuevo ante el Tribunal Constitucional, por la nueva norma de horarios comerciales que se redactó tras la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos contenidos en la normativa anterior.

El ministerio de Economía y Competitividad ha comenzado a analizar la nueva ley de horarios comerciales que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Generalitat. El gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a librar las batallas que sean necesarias para defender un criterio que considera indispensable para la mejora económica: la unidad de mercado.

La directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, ha prometido a las grandes cadenas de supermercados que el Gobierno trabajará para derogar cualquier normativa autonómica que atente contra este principio. “Analizaremos el tema de las licencias, las competencias de urbanismo y medio ambiente. Las comunidades tendrán que revisar las leyes que suponen obstáculos a la liberad de circulación de mercancías por el territorio nacional, que es lo que consagra la Constitución”, dijo Cárdeno a un grupo de empresarios convocados por la Asociación Española de Cadenas de Supermercados, ACES.

Grandes superficies

El equipo de la dirección general de Comercio Exterior ya ha comenzado a analizar la normativa, aunque la última palabra la tendrá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Gobierno ha animado a los empresarios de las grandes superficies a denunciar a las comunidades autónomas que impongan trabas para su instalación o ampliación.

Pero este extremo no ha ocurrido hasta ahora. Alcampo y Carrefour, que ampliaron sus horarios en Catalunya acogiéndose a la ley española que permite 90 horas semanales (a diferencia de la catalana que la restringe a 72 horas), dieron marcha atrás en sus medidas tras recibir la recomendación de la Generalitat de que siguieran las normas autonómicas y no las españolas.

Hasta ahora, ninguna gran superficie ha sido sancionada en Catalunya por haber preferido aplicar la ley española. El Gobierno central considera que si algún funcionario sanciona a una empresa por ese motivo, estaría cometiendo un acto de prevaricación.

Rechazo catalán

Desde Catalunya, los comerciantes han rechazado el nuevo intento de la administración central por interferir en las decisiones comerciales que se toman desde el territorio. El secretario general de la Confederació Catalana de Comerç, Miguel Ángel Fraile, asegura que la liberalización de horarios no ha generado más empleo, ni más ventas en las comunidades más permisivas como Madrid.

“Si el Gobierno activa el recurso de inconstitucionalidad, será un ataque directo a los comerciantes catalanas, al Gobierno y a los ayuntamientos. No entendemos la fijación con atacarnos si el modelo funciona y genera satisfacción en los consumidores”, añade Fraile.