Rajoy dispara el coste de la nacionalidad con otra privatización
El gobierno de Mariano Rajoy fuerza desde el lunes a pagar hasta 400 euros por la obtención de la nacionalidad española
Los inmigrantes que aspiren a obtener la nacionalidad española tendrán que pagar más a partir del lunes. El registro civil no sólo dejará de atender las solicitudes de nacionalidad española, sino que tampoco dará información sobre los trámites para obtenerla.
El gobierno de Mariano Rajoy, a través del ministerio de Justicia, ha enviado una notificación a todos los funcionarios para que se abstengan incluso de informar a los inmigrantes que deseen nacionalizarse. A partir de ahora, esos trámites serán gestionados por procuradores y gestores administrativos, que cobrarán por la gestión.
Sólo los inmigrantes con todos sus documentos digitalizados y con dominio de herramientas informáticas podrán presentar la solicitud por vía electrónica, un proceso que es complejo y no al alcance de la mayoría de población inmigrante, según los gestores y abogados de extranjería.
De trámite gratuito a 400 euros en tasas
Obtener la nacionalidad española no tenía coste alguno hasta octubre de 2015. A partir de entonces, los inmigrantes tienen que pagar por cada trámite. Además, deben abonar la tasa por la tramitación del servicio por las dos pruebas de cultura y la de idiomas, obligatoria para los países de habla diferente a la castellana.
Hasta ahora, el trámite costaba entre 190 y 300 euros. Pero con la exclusión de la presentación gratuita de solicitudes en los registros civiles, los extranjeros en proceso de nacionalización tendrán que asumir nuevos costes de gestores, lo que elevará fácilmente hasta los 400 euros el trámite público.
El gobierno de Mariano Rajoy preparó la privatización del registro civil que diseñó el exministro Alberto Ruiz Gallardón. El rechazo de los trabajadores y del sector público obligó al gobierno a dar marcha atrás en el polémico plan.
Rajoy quita trabajo a los registros civiles (gratuitos) para trasladar las nacionalidades en los registros de la propiedad
Se han conservado casi todos los procedimientos en la gestión pública, pero los trámites de nacionalidad se han privatizado sin prácticamente oposición ni de los funcionarios ni de los sindicatos.
Pero los nuevos procedimientos, atascados en el cuello de botella de la dirección general del registro y del notariado, dependiente del ministerio de Justicia, ha hecho que las solicitudes estén prácticamente paralizadas desde finales de 2014.
300.000 inmigrantes en la espera de respuesta
Casi ningún inmigrante que haya pedido la nacionalidad ha recibido noticias desde entonces. Para desatascar la situación, el gobierno ha recurrido a los registros de la propiedad para hacer el trabajo que anteriormente estaba en manos de los registros civiles.
Los funcionarios calculan que unos 300.000 inmigrantes están en espera de las resoluciones. Los registros civiles apenas comienzan a recibir, año y medio después, las primeras resoluciones.
300.000 inmigrantes esperan respuesta de su solicitud de nacionalidad
Los registradores civiles fueron contratados para desatascar el enorme trabajo paralizado pero sus funciones han levantado una ola de quejas.
“Tienen otros criterios diferentes a los de los funcionarios y muchos afectados por denegaciones han recurrido y han ganado”, explica Javier Jordán De Urries, portavoz de justicia del sindicato Csif. “Al tardar tanto, los documentos vencen y los registradores deniegan”.
Buena parte de las quejas tienen que ver con la mala digitalización de los expedientes, según explican funcioanrios del registro civil. Los registradores de la propiedad, que reciben dinero público para desatascar los expedientes, han trasladado la digitalización de los documentos a terceras empresas. Y con el enorme volumen, no siempre quedan bien escaneados. Y su necionalidad queda denegada, aunque cumplan con los requisitos.
