Radiografía de las desprivatizaciones imposibles

Desprivatizar la gestión de determinados servicios públicos, revertir su titularidad y gestión a los municipios, comunidades autónomas, o al propio Estado, es una propuesta que asumen diversos grupos políticos, en el poder o con opciones claras de acceso al mismo, pero que choca con la realidad económica de un erario cada vez más débil y unas derivas jurídicas que engordarían la factura «del rescate».

Los servicios de salud, de saneamiento o de abastecimientos vitales, como el agua, gestionados por empresas privadas, centran la mayor parte de estas operaciones de desprivatización. Sin embargo, el coste de recuperar la titularidad pública de los servicios se eleva a hasta los centenares de millones de euros por cada caso. Este es el mapa de las desprivatizaciones imposibles desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos.

Buena parte de los responsables políticos que pugnan por la desprivatización contemplan con cierta envidia la actuación de la consejería catalana de Salud, dirigida por Antoni Comín (Esquerra), que expulsa de la red pública de hospitales a los gestionados por compañías privadas y dejando sólo a los hospitales estrictamente públicos o pertenecientes a fundaciones y sociedades benéficas.

Unos 600 millones por hospital

En concreto, ya se ha decidido que los pacientes asistidos en Clínica del Vallés o en el Hospital General de Cataluña, gestionados pro QuironSalud, se redirijan a los centros sanitarios Parc Taulí, MútuaTerrassa o el Consorci Sanitari de Terrassa. La medida no tiene impacto en las cuentas de la Generalitat. Se trata de no prorrogar contratos asistenciales, y causa relativo daño a las compañías  propietarias de los centros excluidos, pues mantienen su actividad en el ámbito de la sanidad privada.

No ocurre lo mismo con los sistemas sanitarios de otras zonas como Valencia o Madrid, donde hay una fuerte presión política por revertir a titularidad autonómica hospitales de la red pública pero gestionados por compañías privadas. En Valencia, los hospitales públicos de Torrevieja, Denia, Elche y Alcira están integrados en el sistema público, pero gestionados por el grupo Ribera Salud; y el de Manises, por Sanitas.

En Madrid, esta misma empresa gestiona el hospital de Torrejón y el Grupo QuironSalud los de Villalba, Móstoles y Valdemoro. Son hospitales construidos por la iniciativa privada, integrados en el servicio público, no atienden a enfermos privados, y gestionados por esas empresas a cambio de una prestación económica según el número de habitantes atendidos.

Revertir estos hospitales a los sistemas públicos de salud supone en la práctica comprar los hospitales a las empresas propietarias y pagar indemnizaciones por lucro cesante. En septiembre pasado, la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley para que el Hospital de Villalba revertiese a titularidad pública. La proposición no tiene carácter ejecutivo y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes ya señaló que no iba a modificar el sistema de gestión de ese hospital ni de los otros tres bajo gestión privada.

El coste de desprivatizar el hospital de Villalba se estimaba en uno 600 millones de euros. Cifra inasumible para las cuentas regionales. Cifras similares se manejan para casi todos los hospitales en cuestión, lo que hace inviable en la práctica cualquier operación de desprivatización por su altísimo coste. Ello sin  tener en cuenta otros costes asociados, como anular el modelo de empleo, actualmente en vigor, y funcionarizar a todos los trabajadores sanitarios actualmente contratados.

El coste sin precedentes de indemnizar por las aguas

Lo mismo ocurre con operaciones similares en el sector del abastecimiento de agua. En Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú) no sólo controla el Ayuntamiento de Barcelona, sino que extiende su influencia al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), entidad que controla el abastecimiento de agua a la capital catalana y municipios colindantes. Su programa político incluye la municipalización del servicio de abastecimiento de agua a la población.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado cierto impulso a sus planes de desprivatización al anular la concesión del suministro a Aigüas de Barcelona, empresa controlada por AGBAR (70%), la Caixa (15%) y la propia AMB (15%). En teoría, esa sentencia, en el caso de que se haga firme en el Supremo, obligaría a comprar toda la red de suministro a Aigüas de Barcelona, bien para su municipalización o para su posterior concesión a otras empresas suministradoras mediante concurso público.

Aigüas de Barcelona lleva más de 100 años prestando el servicio y ninguna fuente en Barcelona se atreve a calcular el coste real de lo que supondría indemnizar a la compañía por la hipotética expropiación de las actuales infraestructuras de suministro.

Unos 800 millones por la limpieza de Madrid

Por igual condicionante económico, ha fracasado el plan de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), de municipalizar el servicio de recogida de basuras en la capital. Era una  uno de los puntos fuertes de su programa en las pasadas elecciones municipales. Un primer vistazo a los costes de la operación, se habla de cifras cercanas a los 800 millones de euros, ha condenado al olvido la propuesta y las empresas concesionarias del servicio, Urbaser, ACS y FCC, seguirán con la actividad.