¿Quién es la verdadera X del clan de los Carulla?
Hacienda apunta en sus investigaciones a uno de los descendientes del fundador de Gallina Blanca como máximo protagonista de la trama societaria destinada a rebajar la factura fiscal
El informe realizado por la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria sobre el presunto fraude fiscal de los propietarios del holding empresarial Agrolimen apunta a un cabeza visible del entramado societario y financiero: Jordi Carulla Font. Entre los seis hermanos, Jordi habría asumido la condición de gestor de los intereses familiares fuera del territorio fiscal español, según fuentes jurídicas conocedoras del caso.
Venelpark y Marimare Investments son dos sociedades administradas por el hermano que tiene la condición fiscal de no residente, tal y como admitió el asesor fiscal del grupo Carulla en conversación con este diario digital. Ambas tienen su sede social en Holanda. Sin embargo, esas no son las únicas instrumentales que los Carulla tienen fuera de España: Grup Cost (Costa Rica) y Antiga Grup Sur (Uruguay) completan la trama.
Los dueños de la multinacional española del sector de la alimentación (propietaria de Gallina Blanca, Avecrem, El Pavo, Pans & Company, Affinity Pet Care, Mont Ferran y Consorcio del Jabugo, entre otras empresas y marcas) han tejido en los últimos años una espesa tela de araña de sociedades para mantener el control de sus negocios clásicos y de Arbora (empresa que controla al 50% con Procter & Gamble las empresas Evax, Ausonia y Dodot).
¿Deslocalización fiscal?
Otra sociedad bajo sospecha es Nerdelpark, domiciliada en las Antillas Holandesas, un territorio off-shore, es decir libre de impuestos. En la mayoría de las empresas que Hacienda ha relacionado en el informe que ha trasladado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Barcelona aparece siempre Jordi Carulla como administrador o presidente del consejo.
¿Pero qué busca la Agencia Tributaria con su informe? Fuentes conocedoras del caso consultadas por Economía Digital señalan que la investigación abarca el periodo 2003-2007 y que las primeras pesquisas hacen suponer que varios de los seis hermanos Carulla habrían eludido una parte de su IRPF y las empresas del grupo habrían desviado sus obligaciones con el Impuesto de Sociedades. Siempre, según las mismas fuentes, gracias al sofisticado y complejo entramado financiero-fiscal forjado durante la última década.
Investigación secreta
El dictamen que la fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido al juzgado barcelonés y al fiscal de delitos económicos de Catalunya incorpora una amplia descripción de los movimientos societarios y mercantiles del grupo correspondientes al periodo investigado. Ahora, Josep Maria Miquel Porras, magistrado sobre el que ha recaído el procedimiento, deberá iniciar las diligencias procesales para dirimir si existe el delito fiscal apuntado por Hacienda. Dada la trascendencia del caso, el juez ha declarado secreta la investigación.
