La red de proveedores, el gran freno para la entrada de la saudí STC en la gestión de Telefónica

El desembarco o no de la empresa de telecomunicaciones saudí STC en el consejo de administración de Telefónica es la principal incógnita de la operación de compra de casi el 10% del capital de la compañía española por 2.100 millones de euros. Las teorías generales del mercado le garantizan el sillón pero la casuística concreta y el decreto-ley antiopas plantea importantes recelos a esta alternativa.

La firma saudí y la española no tienen competencia comercial pero, desde los pasillos de las zonas nobles de la dirección de Telefónica en España, se apunta a ECONOMÍA DIGITAL que sí que hay una fuerte competencia a nivel de proveedores. Como ejemplos, relatan acuerdos con empresas como Meta (Facebook), Huawei o los satélites de Elon Musk como espacios donde la presencia de STC en el consejo de Telefónica sí que supondría un enorme conflicto de intereses.

“No tiene sentido que un consejero de STC tuviera la información de Telefónica mientras ellos mismos están pugnando por el mismo proveedor. Otra cosa distinta sería que fuera un fondo de Arabia Saudí pero es que es un competidor directo con lo que compartimos proveedores”, indican las fuentes consultadas.

STC tiene 170 millones de clientes centrados en Arabia Saudí, el norte de África y mercados como Indonesia o Bahréin mientras su presencia en Europa es mínima más allá del patrocinio que tuvo en la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2018. De hecho, a nivel de clientes Saudí Telecom Company firmó un acuerdo con Telefónica para el desarrollo de diferentes oportunidades en Oriente Medio. El problema no es, por tanto, una competencia por los clientes sino por los proveedores críticos y necesarios para el desarrollo del negocio.

Esta situación concreta es uno de los aspectos que tendrá que determinar el Gobierno una vez se pronuncie sobre cómo aplica la ley antiopas en este caso. Las fuentes consultadas sostienen que es razonable que no se impida la operación de compra por la que STC se hace con el 9,9% de Telefónica pero sí que se ponga como condición que no entre en el consejo de administración. La operación, avisan fuentes del mercado de las teleco, hay que analizarla con precaución ya que el comprador «tiene los bolsillos muy profundos» después del desembolso de 2.100 millones.

Otras fuentes del mercado especializadas en las operaciones corporativas apuntan que, en términos generales, es indiscutible que STC tiene derecho a sentarse en el consejo de administración de Telefónica. El argumento, que responde a la realidad habitual en las empresas cotizadas de cierto tamaño, no tiene una regulación escrita y de obligado cumplimiento. «A partir de un 5% en una empresa cotizada, lo normal es entrar en el consejo«, señalan.

Desde Valencia, uno de los directivos de Astroc recuerda el caso de Enrique Bañuelos y el Banco Sabadell. “Antes de que saliera a Bolsa, Enrique Bañuelos entre varias sociedades tenía entre un 5,5% y un 6% del Banco Sabadell y tuvo notables presiones para formar parte del consejo de administración. No quería estar porque tendría un conflicto de intereses”, recuerda el directivo valenciano citando este caso como algo similar a la operación de STC y el conflicto de intereses que tendría al emitir su voto en el consejo de Telefónica.

Otro caso valenciano que supone una clara excepción a que una participación relevante otorga derecho a sentarse en el consejo de administración es el caso de Aguas de Valencia antes de que Caixabank absorbiera Banco de Valencia por un euro. Antes de que aquella revolución financiera, Banco de Valencia junto con Vicente Boluda, Eugenio Calabuig y la promotora de Castellón Lubasa atesoraban el 60,7% de Aguas de Valencia.

Mientras tanto, el 33% estaba en manos de la francesa Suez, que no entraba en el consejo de la firma valenciana y se le daba sonoros portazos cada vez que lo pedía. El motivo es que los galos estaban en el consejo de Aguas de Barcelona, que era y sigue siendo el principal rival comercial de Aguas de Valencia.