Prisa instaura el secretismo en el caso Monzón
El propietario de 'El País' no desvela el calendario al que se someterá la Comisión de Nombramientos, que tiene en sus manos el futuro de Javier Monzón
La situación que atraviesa el presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, ha obligado a repensar a la compañía de medios de comunicación qué pasos debe seguir. En una situación sin precedentes, tras la imputación de Monzón por la Púnica durante su presidencia en Indra, el propietario del diario El País y la Cadena Ser no ha detallado cuándo se volverá a reunir el Comité de Nombramientos y Retribuciones.
Este organismo es el encargado de elaborar el informe sobre Monzón y su posible incompatibilidad con la presidencia de Prisa al estar investigado por la justicia y citado a declarar el próximo 4 de octubre, dentro de 18 días, por su presunta implicación en la caja B del Partido Popular de Madrid.
El Comité de Nombramientos está compuesto por tres vocales. Dª Béatrice de Clermont-Tonnerre, consejera independiente; Javier Gómez-Navarro Navarrete, también independiente, y Joseph Oughourlian, directivo del fondo Amber Capital, máximo accionista de Prisa y una de las personas que apuestan por el final de Monzón como presidente del grupo, de acuerdo a las diferentes informaciones publicadas. La presidenta del comité es la economista y empresaria mexicana Sonia Dulá, consejera de Prisa desde 2017, y el secretario es Xavier Pujol Tobeña.
Primera reunión
Hasta el momento solo ha trascendido una primera reunión del comité. Fue el 13 de septiembre cuando se reunió dicho órgano para analizar las implicaciones de la citación a declarar como investigado de Monzón en el caso Púnica, que comunicó el pasado día 4 de septiembre— dos días después de que la imputación se conociera a través de los medios— su cita con el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid.
En una nota interna, el grupo Prisa explicó que «la Comisión ha iniciado los trabajos destinados a emitir el informe preceptivo que se elevará al Consejo de Administración una vez finalizados los mismos, tal y como dispone el Reglamento del Consejo».
En el mismo documento, el grupo se comprometía a llevar a cabo las actuaciones «con la mayor diligencia» para poder así trabajar «con el máximo rigor, profesionalidad e independencia, haciendo un seguimiento continuo de los acontecimientos que puedan tener lugar en relación con este asunto».
El Comité de Nombramientos se seguirá reuniendo durante las próximas semanas
Sobre los próximos pasos no se sabe nada. La última palabra la tiene el consejo de administración, con seis miembros independientes, quien tomará una decisión en función del informe que salga del Comité de Nombramientos. Pero antes, al menos hasta antes de que Monzón declare en la Audiencia Nacional, dicho organismo seguirá reuniéndose para elaborar el documento.
Entre quienes deben votar sí o no a Monzón está Oughourlian, vicepresidente de Prisa y con dos votos en su posesión; el consejero delegado Manuel Mirat; el empresario mexicano, Roberto Alcántara, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, que en los últimos meses se ha diluido en el capital y ha perdido un sillón en el consejo.
Javier Monzón y la Púnica
La imputación del presidente no ejecutivo de Prisa es un hecho sin precedentes en la compañía. Ya no solo porque es la primera vez que un cargo del más alto nivel es investigado por la justicia, sino porque el grupo de medios, entendiendo el panorama mediático español, tiene el periódico más leído, la radio más escuchada y una posición dominante en el ámbito de la educación.
Monzón, de acuerdo al auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sería responsable del desvío de dinero de Indra al PP de Madrid cuando todavía no figuraba como presidente Prisa. El juez entiende que el directivo supuestamente sabía lo que pasaba y, como mínimo, lo toleró.
Siguiendo siempre la exposición del magistrado, al empresario, también presidente de Openbank, la marca digital de Banco Santander, se le considera uno de los partícipes del “desvío de fondos” de las arcas de la Agencia de la Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) “a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” adjudicados desde ICM a Indra.