Poner placas solares en Barcelona: misión imposible por las restricciones de Colau
La normativa del Ayuntamiento de Barcelona obstaculiza la ejecución de instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo
Instalación de una placa solar. EFE/Enric Fontcuberta
La empresa Sud Renovables se dedica a instalar placas fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico en viviendas y empresas. La semana pasada estaba preparando una instalación para una compañía en el distrito del Eixample de Barcelona, la zona conocida por sus históricos edificios y su estructura en forma de cuadrícula que acoge a más de 250.000 habitantes. Sin embargo, la empresa tuvo que devolver el pago inicial a su cliente porque la normativa del Ayuntamiento de Ada Colau imposibilita realizar la instalación.
Según explica Manel Romero, cofundador y director técnico de Sud Renovables, habían recibido un proyecto para instalar unos 150 metros cuadrados de paneles solares que tenías que aportar 15 kilovatios a su cliente. “En el Eixample hay una ordenanza que impide poner placas a 5 metros de la fachada interior y a 5 metros de la exterior”, explica.
Dada su fisionomía, la gran mayoría del distrito está formado por grandes manzanas de altos edificios que forman sus característicos patios interiores. La existencia de estos patios limita el espacio del tejado y, en aplicarse la normativa municipal, se dificulta la ejecución de las instalaciones: “Nos quedamos sin hacer proyectos en muchas zonas”. La legislación tampoco permite construir paneles coplanares, sin instalación adicional en la cubierta de los edificios.
Por sus particularidades, este barrio cuenta con una normativa especialmente restrictiva, pero finalizar este tipo de instalaciones en el resto de la ciudad no es pan comido. Para poder colocar placas fotovoltaicas para el autoconsumo, las empresas y sus clientes deben de realizar una comunicación previa a la administración local para recibir el permiso.
Romero asegura que, mientras que en otros municipios se puede empezar la instalación al día siguiente, en Barcelona los trámites se pueden alargar entre tres y cuatro semanas. “Es más farragoso”, indica el también delegado de Unfecat, la principal asociación de empresas del sector en Cataluña.
Más costes
Aunque no es el único municipio con una normativa que limita el espacio, en la ciudad gobernada por Barcelona en Comú cada distrito tiene sus particularidades, con lo que cada instalación tiene sus matices. En general, se tiene que presentar una consulta previa y recibir una validación por parte del Colegio de Ingenieros. Una vez hecho, hay que formalizar la documentación final, además de abonar una tasa de unos 200 euros por proyecto.
Este importe se suele sumar al precio final de la operación, que en instalaciones domésticas suele rondar entre los 3.000 y 4.000 euros. Todos estos trámites «complican la logística” de las actuaciones: «A la práctica hay una pequeña ingeniería que ha decidido dejar de trabajar en Barcelona porque le supone unos costes más altos».
Por su parte, fuentes de la concejalía de Emergencia climática y transición ecológica de la ciudad, mantienen que el consistorio trabaja “para facilitar al máximo estas instalaciones”, involucrando “a la sociedad civil y a las empresas”. Sobre el distrito del Eixample, defienden que, por sus “características constructivas y urbanísticas”, tienen una regulación más específica, lo que supone un “análisis muy preciso de los proyectos, aunque no supone ningún inconveniente para impulsarlos”, añade el directivo de Sud Renovables.
El Ayuntamiento trabaja en una nueva base legal
Por otro lado, la administración de Colau sigue trabajando en establecer “un criterio interpretativo” que permita desarrollar “al máximo el potencial solar de las cubiertas y edificios de la ciudad independiente del distrito”. Estos cambios en la normativa deberán de ser cuidadosos para no contradecir la ley de urbanismo.
Pese a las trabas burocráticas, el ayuntamiento mantiene su meta de conseguir que unas 100 comunidades de vecinos de la ciudad instalen placas solares en sus edificios con el fin de ahorrar el 25% de la factura eléctrica. Para ello ha impulsado el proyecto Moment Solar, con bonificaciones del 50% en el IBI en los primeros tres años tras la inversión y la bonificación del 95% del coste total de las licencias de obras en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Por ahora, se han presentado 1.500 solicitudes y 400 estudios de potencial. Sobre el tejido industrial de la capital, también está trabajando con el Consorci de la Zona Franca para promover el autoconsumo compartido.
