Pimec alerta de que el Gobierno se cargará las garantías de la ley de morosidad vigente

Las garantías que introdujo la Ley de lucha contra la morosidad están en peligro. La patronal de las pequeñas y medianas empresas catalana, Pimec, alerta de que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy pone en peligro las ventajas que consiguió la norma.

Se queja junto a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) –organización liderada por su secretario general, Antoni Cañete– de que el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial y el nuevo artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público dinamitan la base de la norma.

Cambios

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Cristóbal Montoro, deja sin vigencia la Ley de lucha contra la morosidad para las Administraciones Públicas. Las que, precisamente, pagan más tarde. El plazo medio de liquidación de los entes públicos es de 111 días. El Ejecutivo catalán llega a los 123 jornadas debido a las dificultades de liquidez actuales, informa Pimec.  La corrección hecha da luz verde a que se prolonguen legalmente los plazos fijados.

Por otro lado, el texto que trabaja el Ministerio de Economía para dar un impulso a la financiación de las empresas españolas bendice de nuevo que las partes lleguen a un pacto para dilatar más allá de los 60 días el abono de una factura. Los representantes de las pymes ya alertaron en su día que esta práctica las deja indefensas ante las grandes corporaciones, ya que no tienen fuerza suficiente para obligarlas a cumplir con la legislación.

Financiación

Dos de las disposiciones de la norma que ultima el departamento liderado por Luis de Guindos permiten esta formula de pago siempre y cuando la deuda o el crédito se ceda a un tercero.

La patronal y la PMcM hablan del retroceso que implicará la decisión. Indican que abocaría a las compañías a la financiación para cubrir los plazos de pago. Los miembros de la institución incluso especulan de que se cerrarían compañías por falta de liquidez.

IVA de caja

En cuanto a la fuerza de las grandes empresas frente a las pymes, la patronal pone de ejemplo qué ha ocurrido con el IVA de caja. Afirma que “determinadas compañías amenazan a sus proveedores de que no contratarán sus servicios si se acogen a este modelo de pago”. La encuesta de morosidad realizada a 400 asociados muestra como sólo el 9% de los preguntados se ha adherido a ello a pesar de que el 39% cumplía los requisitos marcados.

Pimec reclama un pequeño cambio al Gobierno que facilitaría el éxito del IVA de caja: “Que se invierta el sujeto pasivo para que el proveedor quede liberado de la obligación de anticipar el impuesto y ponga de manifiesto qué clientes no pagan las facturas”. También exige la implementación de sanciones y mediadores para garantizar, finalmente, el cumplimiento de la ley de morosidad vigente.