Industria flexibiliza el Perte agroalimentario para evitar el fiasco de las ayudas al coche eléctrico

El Ministerio de Industria quiere evitar los errores cometidos durante la primera convocatoria del Perte del coche eléctrico en futuros proyectos estratégicos. O al menos así es en las ayudas al sector de los alimentos y bebidas. El Gobierno ha flexibilizado las bases del Perte agroalimentario con el fin de ampliar el número de beneficiados, garantizar un reparto efectivo de todos los fondos y suavizar los plazos de ejecución de las inversiones, según consta en la convocatoria publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos fueron algunos de los factores más criticados durante las últimas semanas de desarrollo del proyecto estratégico del coche eléctrico, que ha finalizado con una asignación de apenas el 30% de los fondos y con la renuncia de Ford por la exigencia en los términos de ejecución. Todo esto acabó con el cese de Raúl Blanco la semana pasada, el secretario general de industria responsable de los Perte.

En este sentido, la modificación de las bases de la línea de ayudas al sector agroalimentario permitirá extender el plazo de ejecución más allá del 30 de junio de 2025, la fecha establecida, siempre y cuando este justificado y si así lo admita la Comisión Europea. Al fin y al cabo, los recursos económicos destinados a ejecutar los Perte provienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea y es quien marca las líneas generales de actuación.

Por otro lado, y para garantizar que se reparten el mayor número de los fondos disponibles, el ministerio de Reyes Maroto ha rebajado el importe mínimo del presupuesto financiable de los 15 millones de euros a los 10 millones, lo que permitiría la adhesión de más proyectos, aunque de menor envergadura. Además, se amplía la cifra máxima de ayudas a percibir por un mismo grupo empresarial, que se eleva de los 15 millones estipulados anteriormente hasta los 25 marcados actualmente en el órgano de publicación de leyes.

Aparte de ampliar los abanicos para distribuir el dinero, Industria también ha rebajado el número de empresas a incluirse en las solicitudes para facilitar la formación de consorcios, dadas las características del sector alimentario, donde la mayoría de empresas son pymes. De esta forma, las agrupaciones tendrán que estar formadas, como mínimo, por cuatro empresas, de las cuales una deberá ser una gran compañía y tres pymes. También cabe la opción de que todas ellas sean pymes, si dos de las sociedades son medianas empresas. Anteriormente, las agrupaciones tenían que ser de mínimo seis compañías, con dos grandes y cuatro pymes, por lo menos.

Los avales

Los avales bancarios a las ayudas también levantaron polvareda durante el desenlace del Perte automovilístico y obligaron a algunos de los grupos de empresas a renunciar a una parte de los fondos tras no conseguir estas garantías. En este sentido, el proyecto agrario flexibiliza “el impacto de la falta de constitución de garantías, de alguna de las entidades miembro de la agrupación, sobre el conjunto del proyecto tractor al tiempo que se tratan de minimizar eventuales perjuicios para la Hacienda Pública”.

Industria ha alargado el plazo establecido para obtener los avales de 15 a 20 días hábiles tras la resolución de la concesión de ayudas. Anteriormente, el Gobierno ya anunció que, en lugar de presentar garantías por el 100% de los fondos europeos, las compañías pasarían a declarar entre el 20% y el 60%, según su solvencia.

Por otro lado, si una de las entidades no consigue las garantías, no implica que caiga todo el proyecto tractor “siempre que este cumpla con los requisitos mínimos y la estructura regulada en la orden de bases, y la convocatoria en su conjunto respete el compromiso mínimo medio del 40% de contribución a los objetivos de cambio climático”.

Empresas de nueva creación

Las nuevas bases también tienen en cuenta la posibilidad que soliciten estas ayudas empresas de nueva creación. Por ejemplo, para valorar la viabilidad económica y financiera de las entidades constituidas a partir del 1 de enero de 2022, y que por consiguiente no tengan cuentas en el registro mercantil, se utilizaran “los criterios que se especifiquen en la convocatoria, que generarán una puntuación distribuida entre 0 y 30 puntos”.

En el caso del Perte del coche eléctrico, el hub de Nissan tuvo que renunciar a una parte de las ayudas tras no conseguir todos los avales, en parte porque incluía la factoría, la nueva empresa que operará la antigua planta del fabricante japonés una vez finalice el concurso público, con una facturación mínima y sin cuentas en el registro mercantil. Ahora, solo se exigirán unas garantías del 100% del importe de la ayuda en forma de subvención y del 41% del importe de la ayuda en forma de préstamo.

Por último, otras modificaciones menos llamativas destinadas tanto a atraer al máximo número de consorcios empresariales y garantizar una alta ejecución de los fondos son la eliminación de algunos requisitos a proyectos de investigación industrial, así como la flexibilización del marco de determinación de los tipos de interés. También se eleva el porcentaje de los costes de dedicación e instalaciones que se admiten en los proyectos primarios, pasando del 20% al 40%, y se incrementa el porcentaje máximo que puede ser subcontratado a terceros de un 50% al 70% de los proyectos primarios.

La línea de ayudas a la industria incluida en el Perte agroalimentario tiene un presupuesto total de 510 millones de euros destinado a apoyar actuaciones de fortalecimiento del sector, de los cuales 310 millones serán en forma de subvención y los 200 millones restantes en préstamos. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 23 de enero y finalizará el 28 de febrero de 2023.

La previsión es que este proyecto estratégico genere un impacto en la economía de 3.000 millones y una creación neta de 16.000 empleos. Está dotado con una línea de ayudas de 1.112 millones de euros y se estructura en tres ejes, para los que se establecerán tres convocatorias. La primera es la publicada esta semana en el BOE; la segunda servirá para apoyar el proceso de adaptación digital de toda la cadena de valor con 454,35 millones y la tercera son un conjunto de actuaciones específicas de apoyo a la innovación y la investigación, cuya dotación es de 148,56 millones de euros.