Las pequeñas telecos se lanzan contra Calviño por el trato de favor a Orange y MásMóvil

La fusión entre Orange España y MásMóvil no va dejar indiferente a nadie del sector; tenga el tamaño que tenga. Si Telefónica y Vodafone España deberán reformular sus estrategias; y las compañías de tamaño medio están pendiente de los ‘remedies’; los operadores locales deben reclamar lo suyo. En este caso, al Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño para una reforma normativa. 

El inicio de esta reivindicación nace con un movimiento por parte del Gobierno que, sin justificación pública, se ha valorado desde el sector como un capotazo para la fusión entre Orange y MásMóvil. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Comisión Europea será muy estricta a la hora de imponer condiciones a la operación. 

Así, el equipo de Nadia Calviño decidió aumentar el ‘spectrum cap’ de los operadores de telefonía para facilitar los futuros movimientos tras la fusión. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec) ha reclamado que se establezca la obligación de ceder espectro 5G no usado en las zonas rurales, como fórmula para compensar los posibles efectos negativos para la competencia del aumento de capacidad de espectro previsto por el Gobierno. 

Esta situación choca, de nuevo, con la realidad que están exponiendo Orange y MásMóvil. De hecho, según ha publicado esta semana The Objective, ambas compañías seguirán metiendo presión sobre el hecho de que en España hay competencia de sobra y que, en ningún caso, los usuarios se verán afectados. Pero la realidad, desde otro tipo de negocios, se ve bastante distinta. 

Los pequeños reclaman lo suyo 

Ante esta situación, Aotec reivindica un cambio reglamentario para que en aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes donde las operadoras no hagan uso del espectro. Esto incumplirá el principio de eficiencia que debe presidir el uso de este recurso escaso. Con esta medida se dinamizará el uso del espectro y se acelerará la llegada de la nueva conectividad móvil a estas zonas. De lo contrario, advierte la asociación, la brecha digital que comenzó a cerrarse con la fibra se volverá insalvable. 

En este contexto la asociación ha presentado ante el Ministerio de Asuntos Económicos una propuesta para cambiar el reglamento e introducir esta obligatoriedad. En concreto, planteó modificar el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.  

Con ello, defiende, se garantizaría el principio de eficiencia en el uso de un recurso tan escaso como es el de espectro al incorporar a más actores en la creación de infraestructuras 5G y explotación del espectro.  

Cómo podría quedar el 5G 

Lo que ha buscado el Gobierno es establecer un límite de 160 MHz en lugar de los 135 MHz actuales para las bandas de 1800, 2100 y 2600 MHz. Para la banda de 3,5 GHz el máximo sería de 140 MHz, en lugar de 120.  

De esta forma, la nueva compañía resultante de la fusión tendría que deshacerse de menos frecuencias (‘remedies’) y éstas podrían ser adquiridas por las grandes telecos existentes en España, concentrando el mercado.  

Y la reivindicación de los pequeños operadores locales es que un mercado con tres actores es menos competitivo; y en esas se mantienen. Por ello, asumen que para fomentar la competencia, la cesión de frecuencias donde no estén siendo usadas permitirá la aparición de nuevos actores, como ocurrió con la fibra, un modelo de éxito.  

Las bandas medias y altas son las necesarias para el 5G y en la actualidad en zonas rurales están siendo infrautilizadas. El propio Ministerio de Asuntos Económicos -en respuesta parlamentaria- reconoce que, en municipios de menos de 10.000 habitantes, las bandas de frecuencias de 1800, 2100 MHz y sobre todo entre  2,6 y 3,5 GHz, no están siendo utilizadas en la mayoría de los casos.  

En este mismo sentido, respecto a las frecuencias de 2,600 MHz y 3600 MHz, en los municipios de menos de 2.000 habitantes solo se está usando en 87 y por un solo operador. Por el contrario, en 769 localidades no se están utilizando.  

Desde Aotec se recuerda además que las subastas de espectro únicamente impusieron la obligación de llevar el 5G real hasta poblaciones de más de 20.000 habitantes, mientras que en el resto el despliegue de la nueva conectividad marcará la cuenta de resultados y la capacidad de inversión de las grandes operadoras. Algo que a su juicio no se puede permitir.