Patronal y sindicatos citan a Ábalos para resolver el conflicto de Aena con sus inquilinos

Crece la presión sobre el Gobierno para que intervenga en el conflicto entre Aena, compañía semipública, y sus inquilinos. Patronal y sindicatos han vuelto a dirigirse al Ejecutivo para que el Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se siente y les escuche. El problema está enquistado y el tiempo corre en contra de los comercios y restaurantes que operan bajo la red de aeropuertos de la cotizada española.

Así lo trasladan este miércoles Hostelería de España, Marcas de Restauración  — asociación empresarial que representa a los principales operadores de la hostelería en los aeropuertos —  y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en una carta en la que expresan una «profunda inquietud ante el inmovilismo de Aena y la falta de respuesta a nuestras reclamaciones».

Los firmantes del comunicado explican que algunas de las empresas afectadas han tenido que acudir a la vía judicial para frenar la ejecución de avales por parte de Aena. En este sentido, muchos lo han conseguido, aunque las resoluciones que se están conociendo fallan también a favor de la compañá aeroportuaria.

En cualquier caso, para la mayoría de estas empresas «existe un alto riesgo de ver comprometida su viabilidad a muy corto plazo», explican sindicatos y patronales. En consecuencia, añaden, peligra también la continuidad de más de 12.000 empleos.

Hostelería de España, Marcas de Restauración, CCOO y UGT vuelven a aportar el dato clave de este conflicto: el 75% de los empleos que generan los inquilinos de Aena están en situación de ERTE por la caída del 72% del tráfico de pasajeros en 2020, según datos de la propia compañía a cierre de año.

Los partidos del Congreso también se movilizan

El problema de Aena y sus inquilinos tiene cada vez más tinte político. Distintos grupos parlamentarios y gobiernos regionales se han hecho eco del problema.

Ante este clima de sensibilización, los firmantes del comunicado instan «a todos los agentes, autoridades y cargos públicos competentes a favorecer un marco de negociación que conduzca a un acuerdo satisfactorio para todas las partes».

Consideran que es necesario «un acuerdo que, en esencia, vincule las rentas a la evolución del tráfico y así se garantice la supervivencia de las empresas». Solo este escenario mantendría «los puestos de trabajo» y «el servicio de calidad que siempre las ha distinguido», concluyen.