Panrico reabre su planta más polémica: la catalana

La planta catalana de Panrico está de nuevo en marcha desde este miércoles tras 13 meses de paro. La dirección del centro, encabezada por Carlos Gila, ha destinado casi seis meses y ocho millones de euros, recibidos del Govern de Artur Mas en septiembre, para adecuar las instalaciones, que protagonizaron la huelga más larga de España con sus empleados protestando en la puerta a lo largo de ocho meses.

El cálculo inicial de la compañía era que sólo la desinfección bateriológica del centro, situado en la localidad de Santa Perpètua de Mogoda, implicarían un dispendio de 2,5 millones. La cúpula de Panrico explica en un comunicado que el proceso también ha implicado trabajos de reparación y reacondicionamiento, que no estará en pleno rendimiento hasta marzo o abril de 2015.

Ebitda positivo

La recuperación de la «absoluta normalidad» que se persigue en la planta llegará por fases. Este miércoles a las seis de la mañana han empezado a trabajar unas 30 personas. Por ahora sólo se dedican a recibir formación de cómo funciona el nuevo sistema de producción. La línea dedicada a elaborar Donuts será la primera que entre en marcha, y esto no ocurrirá hasta «principios de 2015».

El largo proceso de reestructuración de la compañía sigue su curso. «El colofón final ha sido cerrar el ejercicio 2014 con un resultado bruto (ebtida) positivo», indican fuentes de la empresa en la misma nota.

Pulso con los empleados de Santa Perpètua

La reapertura de la factoría no implica el fin del conflicto laboral aún latente en Cataluña. Los ocho meses de huelga y la decisión de poner punto y final a la protesta sin ni una victoria ni una derrota clara han dividido profundamente a la plantilla. A todo ello, se le debe sumar la afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) que se ha terminado aplicando en el centro, el principal motivo de la movilización.

El último envite del pulso de la dirección y parte de la plantilla ha sido que un grupo de empleados, tanto en activo como despedidos, han pedido a la Oficina Antifrau de Catalunya que investigue el destino final real de los ocho millones de capital público que la Generalitat inyectó en la planta catalana.

Estos trabajadores, que van de la mano de las CUP en el proceso, sospechan que el crédito que concedió el Institut Català de Finances (ICF) a Panrico en septiembre se destinó a pagar los 60 despidos más recientes. El grupo mantiene que la única finalidad de la aportación ha sido poner en marcha la planta, que ya está en marcha «de acuerdo con el Plan Industrial aprobado en el ERE».