La estrategia de Orange y MásMóvil choca en Bruselas con una Vestager muy exigente

La fusión entre Orange España y MásMóvil parece que está en ‘stand by’. Aunque solo es una sensación. Pese a que la resolución final de la investigación final que ha abierto la Comisión Europea (CE) no se conocerá hasta verano; en estos momentos las negociaciones están abiertas. Y cada parte asume cuál podría ser su victoria. 

Y es que, pese a los años de presión por parte de los operadores de telefonía para que Bruselas entendiera que no es necesario mercados con cuatro compañías (o más) que tengan relevancia significativa, la CE no lo entiende de la misma manera. Margrethe Vestager quiere mantener su postura.

De entrada, y como era lógico pese a la insistencia de Orange y MásMóvil, la operación de fusión tendrá obligaciones (‘remedies’). De hecho, el comunicado público que hizo la Comisión atacó donde más duele a naranjas y amarillos: que la concentración podría generar un problema de precios. 

Bajo este escenario, y aunque Orange y MásMóvil siguen con sus planteamientos de reducir a la mínima esencia las obligaciones que se puedan plantear, lo cierto es que, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, se empiezan a contemplar algunos escenarios como «mal menor». Esto pasaría, básicamente, por la imposición de una fuerte regulación mayorista que permitiera al resto de operadores acceder a su red de una manera más barata de lo que permite el actual ordenamiento. Algo bastante más asumible que la propia cesión de activos o ancho de banda del espectro que poseen. 

Orange y MásMóvil, preparadas para todo 

En ambas compañías son conscientes de una situación: junto a Telefónica, tendrían el 76% de la cuota de mercado en el negocio de la banda ancha fija. Y, solamente la nueva ‘joint-venture’ tendría al 42% de los usuarios. Unas cifras que, a simple vista, provocan una evidente concentración en el sector. 

Algo que sucede de manera mimética en el negocio móvil. En concreto, en el segmento pospago, donde hay más de 48 millones de líneas, de nuevo entre las dos compañías que quedarán como dominantes tendrían el 73% del mercado. Y de modo exacto, la suma de Orange y MásMóvil ya tiene por sí sola el 42%.  

Durante meses ambas compañías han negado que estas cifras fueran a suponer un problema para la competencia. Sin embargo, una vez que Bruselas se ha metido a investigar, la realidad empieza a ser distinta. Además, empieza a haber ‘inputs’ externos que pueden guiar las decisiones que se tomen en la CE. 

El ejemplo belga 

Uno de los implicados en la fusión, Orange, ha recibo hace pocas fechas la muestra de lo que busca Europa con respecto a las fusiones. En concreto, la CE ha aprobado con condiciones, la compra de las operadoras belgas VOO y Brutélé por parte del operador naranja. 

Y todas las condiciones han sido del mismo calado: fuertes imposiciones mayoristas sobre el alquiler de redes y el acceso a infraestructura para que los demás operadores puedan competir. 

De igual modo, también se ha conocido hace unos días la opinión que tiene la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) sobre la fusión. Se trata de un movimiento paralelo que había iniciado el Ministerio de Asuntos Económicos español, y que se resume en una ayuda para Orange y MásMóvil en la asignación de espectro de radio. 

Si reflexión, en forma de informe, ha sido que le parece correcto asignar más espectro a las compañías, pero que, en ese caso, habría que imponer mayores obligaciones mayoristas en caso de que se detecte una concentración. 

En este sentido, la propia CNMC no quiere perder su papel en la fusión entre Orange y MásMóvil. Hace unas semanas, la presidenta del organismo, Cani Fernández, explicaba en una comisión del Congreso de los Diputados que, llegado el momento, ellos también intervendrían más allá de lo que se dicte en Bruselas. 

Es decir, la CNMC argumenta que haga lo que se haga en Europa, nuestro país tendrá un sector reconfigurado y, por lo tanto, habrá que imponer nuevas medidas de funcionamiento interno, más allá de las primeras obligaciones que exija Bruselas sobre la propia operación.