OHL pierde más solvencia en medio de nuevos amaños

Las concesiones son para OHL uno de sus principales soportes para compensar la caída de la actividad de construcción. Solo aporta el 13% de los ingresos, pero el 90% del ebitda. Y es en México donde el peso de esta actividad –por la aportación de las autopistas de circunvalación en torno al Distrito Federal– resulta más evidente, al contabilizar como ebitda la rentabilidad futura garantizada, que, hasta septiembre, sumaba un total de 466 millones de euros.

De esta manera, solo tres autopistas –Concesionaria Mexiquense, Viaducto Bicentenario y Autopista Urbana Norte– aglutinan el 82% del ebitda del conjunto del grupo controlado por la familia Villar Mir. 

Tres activos que siguen sumando un tercio de los 3.838 millones de deuda financiera que contabilizaba OHL hasta el cierre del tercer trimestre de 2016. Deuda sin recurso por 1.266 millones de euros, sobre los 1.617 millones de apalancamiento ocasionado por la financiación de proyectos. 

Se trata de uno de los riesgos por los que la agencia Fitch, como ya hiciera antes Moody’s, ha decidido rebajar la calificación crediticia de OHL, de calidad cuestionable a pobre, y con perspectiva negativa, por esos grandes proyectos que afectan a su rentabilidad y a la generación futura de flujo de caja. 

Nueva demanda

Entre ambas rebajas de la calificación crediticia se ha presentado una nueva demanda sobre los extremos en que fueron adjudicadas estas concesiones mexicanas.

En esta ocasión, ante la mismísima Procuraduría General de la República –la fiscalía general azteca–, por la adjudicación irregular del Viaducto Bicentenario, en la que se acusa de corrupción y asociación delictiva al gobernador del Estado de México, al ministro de Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al exministro de Hacienda, Luis Videgaray. 

El eje de la demanda, a la que ha tenido acceso Economía Digital, se sustancia en el supuesto precio inflado de la adjudicación a OHL México de esta concesión, en abril de 2008, al incorporar al proyecto unas máquinas de control de barreras móviles, que fueron adquiridas, pero nunca llegaron a instalarse. «El Gobierno del Estado de México y OHL las ocultaron debajo de un puente y permanecen abandonadas desde hace años», se apunta en la denuncia.

La demanda ante la Fiscalía mexicana señala cómo dos meses antes de que, en octubre de 2007, se publicara la licitación del Viaducto Bicentenario, el entonces secretario de Transportes del Estado de México, Ruiz Esparza –hoy ministro del mismo ramo en el gabinete presidido por Enrique Peña Nieto– anunciaba la necesidad de que la infraestructura contara con este sistema de máquinas de control. 

Un sistema que, efectivamente, estaba contemplado en el proyecto original, pero que finalmente fue eliminado de la alternativa ganadora presentada por OHL México, aunque sí fue adquirido.

Sobreprecio injustificado

Es aquí donde la demanda ante la fiscalía mexicana ve indicios de la existencia de un entramado delictivo, ya que el cargo de esa compra no se hizo al Viaducto Bicentenario, sino al Circuito Exterior Mexiquense –»mucho más rentable» para la filial del grupo español controlado por la familia Villar Mir.  

En la denuncia se recoge que el «sobreprecio injustificado» pudo haber representado el pago de un soborno por la adjudicación en favor de OHL México, relacionado con la casa del actual presidente Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Otro aspecto relevante de la presunta delictiva se relaciona con la empresa que realmente cobró lo pagado por OHL por la venta de estas máquinas.  

No fue la firma estadounidense Barrier Systems, el fabricante, sino una empresa mexicana constituida con posterioridad a la convocatoria de la licitación, Operadora Barrier de México, de nombre «casi idéntico para aparentar su vinculación» con la empresa estadounidense, pero con la que no tenía ninguna relación. 

La SEC investiga

Esa empresa intermediaria pagó al fabricante estadounidense casi 20 millones de dólares, pero el Gobierno del Estado de México permitió que OHL registrara esta compra por el doble, casi 40 millones, «trasladando el coste inflado a los usuarios de la autopistas», tanto en el Circuito Exterior Mexiquense como en el Viaducto Bicentenario, con una rentabilidad anual del 10% y del 7%, respectivamente. 

La implicación de una empresa de Estados Unidos en este asunto ha llevado a que la propia SEC –el regulador estadounidense– investigue los extremos de esta operación.