Núñez y Navarro mantiene su batalla legal con Sant Cugat después de la marcha de Recoder a la Generalitat

En los próximos 15 días, Núñez i Navarro acudirá al Tribunal Supremo para iniciar una nueva causa para salvar sus intereses urbanísticos en Torre Negra, la zona limítrofe entre Sant Cugat del Vallès y el Parc Natural de Collserola y que desde octubre forma parte del espacio verde protegido por la Generalitat. Precisamente, el contencioso que iniciarán busca invalidar la última ampliación de la zona protegida por el Govern catalán, liderada por Francesc Baltasar (ICV) antes del desplome electoral del tripartito, tal como ha confirmado a Economía Digital Rafael Jiménez Mera, abogado de la constructora catalana.

Así, se añadirá un nuevo capítulo a un desencuentro entre la empresa del ex presidente blaugrana y el Ayuntamiento de Sant Cugat, que lleva más de 13 años abierto. Una causa que recientemente también ha sumado un recurso en otra zona del municipio vallesano: Can Marcet. No es que allí Núñez i Navarro quiera construir, ya que no tiene terrenos en propiedad, pero si usar una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para denunciar “que se usan diferentes criterios para ordenar urbanísticamente la ciudad, se hace una política arbitraria”, según Jiménez Mera.

El máximo órgano judicial catalán rechazó una modificación del planeamiento general municipal que abría las puertas a una empresa farmacéutica a instalarse en Mas Canals, al lado del polígono de Sant Joan, y que la contrapartida urbanística pública se situara en el centro de Sant Cugat en forma de zona verde y VPO para jóvenes. “La tramitación se hizo justo cuando se estaba cambiando la normativa urbanística catalana y ya existe una nueva reparcelación de la zona”, reconoce la actual alcaldesa de la población, Mercé Conesa (CiU), a esta publicación.

Puentes rotos

Conesa, que antes de acceder a la alcaldía era concejal de Urbanismo, acusa a Núñez i Navarro de usar Mas Canals “para hacer ver que el Ayuntamiento no actúa bien en materia urbanística” y deja claro que continuarán con su política de “proteger más las zonas verdes que están cerca de Collserola como de las principales carreteras”. Es decir, que lucharan para mantener Torre Negra dentro del Parque Natural.

Un objetivo que se vio reforzado el 29 de diciembre, cuando el ex primer edil de Sant Cugat, Lluís Recoder, tomaba posesión de una nueva cartera en la Generalitat: Territorio y Sostenibilidad. El principal defensor de Torre Negra -se tomó como una causa personal anexionar el espacio a Collserola antes de abandonar la alcaldía- gestiona ahora la política territorial y medioambiental catalana avalado, precisamente, por este éxito.

Sin puentes de diálogo posibles entre el ayuntamiento, la Generalitat y Núñez i Navarro, todo queda en manos del Supremo. Y es que allí también se está tramitando una segunda resolución para que el Ayuntamiento dé luz verde a la aprobación provisional del planeamiento urbanístico que la constructora presentó en 1998. Este es el paso previo a conseguir la licencia para realizar el proyecto: edificar 2.800 viviendas en unas 80 hectáreas, concentrando los hogares en el 16% del suelo, ya que se prevé que al final solo esté construido el 20% del terreno, y el resto sea un espacio verde de transición con Collserola. El abogado de la constructora asegura que la resolución llegará, como muy tarde, a principios del 2012.

Legislación de 1998

Esta causa, que va en paralelo a otro planeamiento del 2002 menos favorable en cuanto a porcentaje sin edificar y que también está en los tribunales, ya cuenta con el visto bueno del TSJC. En 2008 obligó al pleno de Sant Cugat a aprobar inicialmente el proyecto urbanístico, un paso que el equipo de Recoder dio dejando claro en el acta que se hacía “por imperativo legal”.

Además, en el auto judicial catalán se dejaba claro que cuando se realizara el proyecto se haría de acuerdo con la legislación urbanística y ambiental de 1998. Un punto que desde Núñez i Navarro reivindican por lo que significa en cuanto a contrapartidas públicas u otras obligaciones de tramitación ambiental.

“Núñez y Navarro tiene claro que en el caso de Torre Negra tiene razón, por lo tanto van a defender sus intereses hasta el final”, sentencia Jiménez Mera argumentando que si al final se puede construir en esta zona, la operación habrá sido rentable para la constructora.