La regulaciĆ³n anti Mercadona, Lidl y Dia cuesta 470 euros a cada familia espaƱola

La presiĆ³n regulativa sobre el sector comercial se duplica respecto al 2019, lo que supone un sobreesfuerzo econĆ³mico y administrativo a las empresas que acaba llegando a los bolsillos de los consumidores

Un establecimiento de la cadena Mercadona.

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Costes energĆ©ticos, precios de las materias primas, costes laboralesā€¦ y administrativos. Los recursos puestos en las gestiones burocrĆ”ticas, como pueden ser la obtenciĆ³n de licencias o trĆ”mites para cumplir nuevas leyes, tambiĆ©n suman en las cuentas de los supermercados y comercios, sobre todo si se tiene en cuenta que EspaƱa tiene uno de los sistemas normativos mĆ”s complejos de Europa y en los Ćŗltimos aƱos se han multiplicado las nuevas normas.

La presiĆ³n normativa supone un sobreesfuerzo econĆ³mico para las compaƱƭas del sector, que se traslada a los precios de venta al pĆŗblico y, por consiguiente, a los bolsillos de las familias. SegĆŗn un informe del think thank de la CEOE, cuesta unos 470 euros anuales a cada hogar.

Asedas, la patronal que agrupa cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl o Dia, ha explicado este lunes que en 2022 se aprobaron casi 1.000 nuevas normas a nivel local, autonĆ³mico, nacional o europeo que afectan al sector comercial. De media, esto supone un desarrollo de 2,7 leyes al dĆ­a, el doble de las 1,3 normas diarias que se registraron en 2019. La aprobaciĆ³n de leyes en el sector tocĆ³ techo durante la pandemia y desde entonces ha disminuido, pero las empresas de la distribuciĆ³n lamentan que no haya supuesto ā€œuna relajaciĆ³n de la presiĆ³n normativa sobre los establecimientos comerciales con respecto a los aƱos anteriores a la crisis sanitariaā€.

Las compaƱƭas del sector ven esta situaciĆ³n como ā€œpreocupanteā€ por el gran esfuerzo econĆ³mico y administrativo que supone su seguimiento y aplicaciĆ³n. AdemĆ”s, lamentan que, a veces, no tengan tiempo de adaptarse y deban atender a nuevas normas ā€œen tiempo rĆ©cordā€, como ocurriĆ³ con la rebaja de los tipos de IVA.

ā€œLa carga normativa sobre el sector del comercio sigue siendo muy alta una vez superada la pandemia. Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptaciĆ³n para los establecimientos comerciales y, ademĆ”s, algunos de ellos vienen asociados a una presiĆ³n fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plĆ”sticos de un solo usoā€, explica Ignacio GarcĆ­a, director general de la patronal de los ‘sĆŗper’.

El Instituto de Estudios EconĆ³micos, el think thank de la CEOE, pone cifras al impacto econĆ³mico del exceso de burocracia que sufre el comercio. En un reciente informe, divide en tres categorĆ­as la cuantificaciĆ³n de los costes que deben soportar los comercios minoristas a causa de las trabas administrativas y una regulaciĆ³n ā€œineficienteā€, que suman un gasto adicional de casi 9.000 millones de euros en todo el sector.

Casi 9.000 millones en sobrecostes

Los mĆ”s cuantiosos son los costes operativos, relacionados con la gestiĆ³n de licencias y el aprovisionamiento, y los derivados de nuevas regulaciones medioambientales, que suman 7.770 millones, unos 3.900 en cada caso, lo que equivale al 7% de las compras de bienes y servicios. La tercera sobrecarga de los costes administrativos estĆ” provocado por los problemas con los hurtos multirreincidentes, abusos en devoluciones o en reseƱas en el comercio electrĆ³nico, con poco mĆ”s de 1.000 millones.

Estas cifras tienen un efecto indirecto en la economĆ­a espaƱola. SegĆŗn el centro de estudios de la mayor patronal espaƱola, tener un sistema normativo ineficiente reduce en unos 890 millones el ahorro acumulado de las familias espaƱolas, es decir, resta unos 470 euros anuales a la renta disponible de cada familia. Esto se debe a que, dada la alta competitividad del sector, los sobrecostes se trasladan al precio de venta final, hasta incrementar en 1,7 puntos el IPC.

Una mejora del sistema administrativo espaƱol supondrĆ­a, siempre segĆŗn el documento, un aumento de la inversiĆ³n en los comercios ya sea en reformas o en nuevos establecimientos, de hasta 770 millones de euros, un 23% mĆ”s de la inversiĆ³n en activos materiales. Esto, a su vez, tendrĆ­a un efecto directo sobre el nivel de empleo y sobre otras variables econĆ³micas, como la recaudaciĆ³n fiscal del estado. Concretamente, la CEOE estima que se generarĆ­an unos 88.000 puestos de trabajo y Hacienda ingresarĆ­a 870 millones mĆ”s.

Para mejorar la regulaciĆ³n en el sector, la organizaciĆ³n empresarial presidida por Antonio Garamendi propone la adopciĆ³n del silencio administrativo positivo, la sustituciĆ³n de la autorizaciĆ³n previa por la declaraciĆ³n responsable, la racionalizaciĆ³n fiscal o la digitalizaciĆ³n de la administraciĆ³n pĆŗblica.

A la cola de Europa

El documento tambiĆ©n compara la calidad de la regulaciĆ³n espaƱola con la del resto del continente, enfatizando que es uno de los paĆ­ses desarrollados con mayores presiones regulatorias. Aunque no hay datos disponibles mĆ”s allĆ” del 2019, el Informe de Competitividad Mundial relativo a la carga de regulaciĆ³n gubernamental en una escala de 1 (peor) a 7 (mejor) sitĆŗa EspaƱa en un 2,9, una situaciĆ³n ā€œmuy desfavorableā€ en comparaciĆ³n al reto de paĆ­ses de la UniĆ³n Europea, solo por delante de Grecia e Italia.

La percepciĆ³n interna de los supermercados tampoco es mĆ”s positiva. En el mĆ³dulo anual del ƍndice de confianza empresarial se pregunta a las empresas acerca de la influencia de la regulaciĆ³n econĆ³mica sobre sus resultados. En los Ćŗltimos datos disponibles, se pone de manifiesto que las compaƱƭas del sector de comercio valoran la influencia de la regulaciĆ³n de forma mĆ”s negativa que el promedio nacional.

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