La regulación anti Mercadona, Lidl y Dia cuesta 470 euros a cada familia española
La presión regulativa sobre el sector comercial se duplica respecto al 2019, lo que supone un sobreesfuerzo económico y administrativo a las empresas que acaba llegando a los bolsillos de los consumidores
Un establecimiento de la cadena Mercadona.
Costes energéticos, precios de las materias primas, costes laborales… y administrativos. Los recursos puestos en las gestiones burocráticas, como pueden ser la obtención de licencias o trámites para cumplir nuevas leyes, también suman en las cuentas de los supermercados y comercios, sobre todo si se tiene en cuenta que España tiene uno de los sistemas normativos más complejos de Europa y en los últimos años se han multiplicado las nuevas normas.
La presión normativa supone un sobreesfuerzo económico para las compañías del sector, que se traslada a los precios de venta al público y, por consiguiente, a los bolsillos de las familias. Según un informe del think thank de la CEOE, cuesta unos 470 euros anuales a cada hogar.
Asedas, la patronal que agrupa cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl o Dia, ha explicado este lunes que en 2022 se aprobaron casi 1.000 nuevas normas a nivel local, autonómico, nacional o europeo que afectan al sector comercial. De media, esto supone un desarrollo de 2,7 leyes al día, el doble de las 1,3 normas diarias que se registraron en 2019. La aprobación de leyes en el sector tocó techo durante la pandemia y desde entonces ha disminuido, pero las empresas de la distribución lamentan que no haya supuesto “una relajación de la presión normativa sobre los establecimientos comerciales con respecto a los años anteriores a la crisis sanitaria”.
Las compañías del sector ven esta situación como “preocupante” por el gran esfuerzo económico y administrativo que supone su seguimiento y aplicación. Además, lamentan que, a veces, no tengan tiempo de adaptarse y deban atender a nuevas normas “en tiempo récord”, como ocurrió con la rebaja de los tipos de IVA.
“La carga normativa sobre el sector del comercio sigue siendo muy alta una vez superada la pandemia. Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos comerciales y, además, algunos de ellos vienen asociados a una presión fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso”, explica Ignacio García, director general de la patronal de los ‘súper’.
El Instituto de Estudios Económicos, el think thank de la CEOE, pone cifras al impacto económico del exceso de burocracia que sufre el comercio. En un reciente informe, divide en tres categorías la cuantificación de los costes que deben soportar los comercios minoristas a causa de las trabas administrativas y una regulación “ineficiente”, que suman un gasto adicional de casi 9.000 millones de euros en todo el sector.
Casi 9.000 millones en sobrecostes
Los más cuantiosos son los costes operativos, relacionados con la gestión de licencias y el aprovisionamiento, y los derivados de nuevas regulaciones medioambientales, que suman 7.770 millones, unos 3.900 en cada caso, lo que equivale al 7% de las compras de bienes y servicios. La tercera sobrecarga de los costes administrativos está provocado por los problemas con los hurtos multirreincidentes, abusos en devoluciones o en reseñas en el comercio electrónico, con poco más de 1.000 millones.
Estas cifras tienen un efecto indirecto en la economía española. Según el centro de estudios de la mayor patronal española, tener un sistema normativo ineficiente reduce en unos 890 millones el ahorro acumulado de las familias españolas, es decir, resta unos 470 euros anuales a la renta disponible de cada familia. Esto se debe a que, dada la alta competitividad del sector, los sobrecostes se trasladan al precio de venta final, hasta incrementar en 1,7 puntos el IPC.
Una mejora del sistema administrativo español supondría, siempre según el documento, un aumento de la inversión en los comercios ya sea en reformas o en nuevos establecimientos, de hasta 770 millones de euros, un 23% más de la inversión en activos materiales. Esto, a su vez, tendría un efecto directo sobre el nivel de empleo y sobre otras variables económicas, como la recaudación fiscal del estado. Concretamente, la CEOE estima que se generarían unos 88.000 puestos de trabajo y Hacienda ingresaría 870 millones más.
Para mejorar la regulación en el sector, la organización empresarial presidida por Antonio Garamendi propone la adopción del silencio administrativo positivo, la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable, la racionalización fiscal o la digitalización de la administración pública.
A la cola de Europa
El documento también compara la calidad de la regulación española con la del resto del continente, enfatizando que es uno de los países desarrollados con mayores presiones regulatorias. Aunque no hay datos disponibles más allá del 2019, el Informe de Competitividad Mundial relativo a la carga de regulación gubernamental en una escala de 1 (peor) a 7 (mejor) sitúa España en un 2,9, una situación “muy desfavorable” en comparación al reto de países de la Unión Europea, solo por delante de Grecia e Italia.
La percepción interna de los supermercados tampoco es más positiva. En el módulo anual del Índice de confianza empresarial se pregunta a las empresas acerca de la influencia de la regulación económica sobre sus resultados. En los últimos datos disponibles, se pone de manifiesto que las compañías del sector de comercio valoran la influencia de la regulación de forma más negativa que el promedio nacional.
