Nissan amenaza ahora a su fábrica en Cantabria

Nissan siempre desvinculó el futuro de su planta de Barcelona de la supervivencia de las fábricas de Ávila y Cantabria. “Ambas tienen su propia actividad industrial y no tienen relación directa con Zona Franca”, dijo el mandamás de la compañía en Europa, Gianluca De Ficchy, cuando se le preguntó. A pesar de seguir caminos diferentes, las amenazas ya se avecinan sobre la planta cántabra: la única manera de subsistir es aplicar recortes salariales del 30% para la plantilla, advierte la organización.

Al 40% de su capacidad, la fábrica de Los Corrales de Buelna (Cantabria) tiene varias similitudes con la instalación catalana. Eso sí, no ensambla vehículos; es una infraestructura de fundición y mecanización de piezas. Para empezar, al centro también se le aplicó un expediente de regulación de empleo (ERE) en 2019 “para ser más competitivo” que implicó la salida de alrededor de 80 personas. Ahora, la cúpula local vuelve a insistir: “El único modo de sobrevivir es con el plan de ultraactividad propuesto”.

Tras el ajuste del pasado año, la dirección local, encabezada por Eduard Reimóndez, avisó hace semanas a los alrededor de 530 empleados: «Hay que hacer un plan de ajuste para que la cúpula de Nissan en Japón valore la fábrica y nos acerque a los mismos costes que tiene la competencia». La música vuelve a sonar similar al plan de viabilidad que De Ficchy anunció a comienzos de año y que terminó con el cierre de la instalación catalana.

En este caso, el objetivo final del fabricante nipón no es otro que incrementar el volumen de producción para terceros –actualmente representa un 7% del total– ante las recientes reducciones de capacidad anunciadas tanto por Nissan como por Renault en las últimas semanas.

«Cierre es una palabra maldita, pero es evidente que si no firmamos lo que piden está sobre la mesa», dicen los trabajadores de Nissan

A la espera de que Frank Torres –el hombre colocado por Nissan Europa para dirigir el cierre de la planta de Barcelona– asuma también las negociaciones, fuentes del comité de empresa son claras: «Cierre es una palabra maldita, pero es evidente que si no firmamos lo que piden está sobre la mesa».

Para empezar, el documento que se les entregó exige una rebaja salarial del 15% y una reducción de jornada del 20%, con la consecuente pérdida de sueldo. Entre ambos ajustes, la pérdida de poder adquisitivo para el personal supera el 30%, calculan los sindicatos. Sin contar la revisión a la baja de pluses.

Nissan quiere recortar un 28% el coste por pieza, según la documentación a la que tuvo acceso Economía Digital, y la mayor partida del ahorro saldrá de la partida procedente de la plantilla. El resto de la hoja de ruta se financiará con ayudas del gobierno cántabro, con el que ya existen conversaciones, y del Ejecutivo central. «Del Gobierno no se sabe nada: ni está, ni se le espera», lamentan desde el comité.

Según las proyecciones, la planta de Los Corrales de Buelna necesita de una inversión de 37 millones de euros entre 2021 y 2024 para mantenerse competitiva. La cifra se sumaría a los 29 millones invertidos entre 2016 y 2019 y los 6 millones gastados en el ejercicio actual. «Si no se aprueba el plan de inversiones podríamos estar cerrados en tres años”, decían desde el comité hace semanas ante la necesidad de modernizar la fábrica.

Sin vuelta atrás para Nissan Barcelona

Mientras abre la carpeta de Cantabria, Nissan da por imposible la viabilidad de la planta de Barcelona, a pesar de los intentos de la clase política de revertir el anuncio del cierre.  En una ronda de entrevistas con medios españoles –entre los que no estaba Economía Digital–, el presidente de Nissan Europa, Gianluca De Ficchy, advirtió que: «Las presiones de Gobierno y sindicatos no cambiarán la decisión del cierre en Barcelona».

El ejecutivo admitió que comprendía «las presiones», pero que no tenían sentido. «La decisión está meditada, no se ha tomado a la ligera y se basa en un estudio de viabilidad económica». «No hay alternativa viable para el futuro de la planta en Barcelona ni incluyendo las ayudas significativas de Gobierno y Generalitat», avisó.

El presidente de Nissan Europa dijo que había escuchado la propuesta del Ministerio de Industria de que la empresa asignase un coche eléctrico a la fábrica barcelonesa, pero finalmente se desechó. «El problema de Barcelona es de sobrecapacidad. Daimler nos comunicó que dejaba de producir su pick up, lo que condicionaba la viabilidad de la fábrica, pues el modelo suponía el 50% de los coches sacados a la carretera», explicó.