Naturgy, BP y Shell rechazan a través de su patronal el nuevo impuesto energético del Gobierno

El nuevo impuesto especial que ha propuesto el Gobierno para las grandes empresas energéticas se ha encontrado con su primera gran contestación pública. Ha sido Sedigas, la patronal del gas natrual, la que ha mostrado su rechazo expreso y muestra su preocupación por una medida que genera inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva. 

Esta contestación se da después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reúna este jueves con las principales patronales energéticas: Aelec (Iberdrola y Endesa); AOP (Repsol y Cepsa); y Sedigas (Natrugy). 

En este sentido, la patronal gasista, que además de la compañía presidida por Francisco Reynés tiene otros afectados en el impuesto como BP o Shell -a falta de conocer más empresas a las que se aplicará el impuesto-, ha sido muy clara sobre la situación. Entiende que los efectos distan de estar claros, y el establecimiento del gravamen podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración, y con impacto final para las finanzas públicas. Todo ello sin perjuicio del efecto sobre la competitividad de nuestro sector derivada de una competencia fiscal desleal frente a terceros. 

Por ello, desde Sedigas estiman que la aplicación de un impuesto tiene impactos concretos en el funcionamiento, la operativa y la rentabilidad y sostenibilidad en el medio y largo plazo de las empresas, que son agentes generadores de riqueza y empleo para el país. Por eso, la patronal del gas pide medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo.  

Así, la patronal de Naturgy entiende que «es inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas utilizada en el anuncio de este nuevo gravamen, que ignora el compromiso histórico y el papel fundamental de estas compañías para garantizar el bienestar económico y social de nuestro país».

Falta de información 

Otro de los problemas es que sigue faltando mucha información. Así lo ha hecho constar Sedigas, que asegura que es imposible entender el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno. Se desconoce qué entiende por ‘beneficios’ y por ‘extraordinarios’, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etcétera, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas.  

La prudencia, por desconocimiento, impide a Sedigas -reconocen desde la patronal- poder hacer una evaluación del impacto que tendrá en su sector este nuevo impuesto, pero entienden que «cualquier incertidumbre tiene efectos sobre los planes de inversión de las compañías y afecta negativamente a su operativa y a sus perspectivas de creación de empleo y crecimiento. Para un sector que opera en abierta competencia en los mercados internacionales, una detracción de recursos en un momento de máxima incertidumbre y volatilidad como el actual, y en el que se necesitan inversiones y músculo financiero para garantizar la seguridad de suministro, no parece una opción sensata». 

Asimismo, la patronal de Naturgy, BP y Shell asume que el sistema gasista español es de una relevancia fundamental para Europa en el actual contexto de inseguridad de cara al próximo invierno.  

Aseguran que los «puntos de recepción de gas, nuestras plantas de almacenamiento y regasificación están en el punto de mira de todos los Estados miembros para poder hacer frente a la próxima campaña invernal. El potencial en gases renovables, en biometano e hidrógeno verde, nos convierte en actor clave en la senda de la descarbonización y la independencia energética (por ser un recurso autóctono) y en receptor natural de inversiones. Pero nada de ello sirve si generamos inseguridad e incertidumbre, que además tienen un coste en términos de reputación y marca país».