Multa histórica de 204 millones de la CNMC a ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL y Sacyr

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas a las seis principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, lo que considera una «infracción muy grave». El valor del conjunto de sanciones asciende hasta los 203,6 millones de euros.

La sanción con el importe económico más elevado ha sido para la empresa Dragados, filial de ACS, cuya multa se eleva a 57,1 millones de euros. Le sigue FCC Construcción, con 40,4 millones de euros; Ferrovial Construcción, con 38,5 millones de euros; Acciona Construcción, con 29,4 millones de euros; OHL, con 21,5 millones de euros, y Sacyr, con 16,7 millones de euros.

La CNMC ha destacado que los efectos de estas prácticas han sido «especialmente dañinos para la sociedad», puesto que afectaron a miles de concursos convocados por las Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras.

De Florentino Pérez a Villar Mir: todos los implicados

Competencia ha pillado con las manos en la masa a varios de los empresarios y familias más conocidos de España. Dragados es propiedad de ACS, y por tanto, de Florentino Pérez, desde 2007, por lo que siguió con las prácticas anticompetitivas una década ya bajo el mando del presidente del Real Madrid.  

Otro que quiso presidir el club blanco en varias ocasiones fue Juan Miguel Villar Mir, presidente y máximo accionista de OHL durante décadas, hasta que en 2020 vendió su participación mayoritaria de la constructora, inmersa en una larga y profunda crisis, a la familia mexicana Amodio.  

A Villar Mir se le considera cercano al PP, al contrario que a la familia Entrecanales, propietaria de Acciona, que siempre se ha situado en la órbita socialista. Este gigante ha sido polémico también por otros contratos públicos, como el del agua en Cataluña (ATLL), que terminó perdiendo en los tribunales. 

Ferrovial tiene como presidente y primer accionista a Rafael del Pino, que controla más del 20% de la cotizada. Esta compañía también ha sido polémica en Cataluña al ser la constructora del Cas Palau, protagonizado por Fèlix Millet, Convergència Democràtica de Cataluña y la propia Ferrovial, que pagó comisiones al partido de Jordi Pujol y Artur Mas a través de obras en el Palau de la Música. 

FCC tiene al multimillonario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, como accionista de referencia, pero aterrizó en 2015. Las que ya estaban son las populares hermanas Koplowitz. Sacyr tiene una amalgama de accionistas, entre los que ahora destaca DISA pero que ha sufrido muchas variaciones, pero el control lo tiene Manuel Manrique, presidente desde 2011, cuando tomó el relevo de Luis del Rivero. 

Reparto de contratos

Según la CNMC, se trata de una «infracción muy grave» de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

A lo largo de estas reuniones las compañías intercambiaban información comercial sensible

Desde 1992, las seis compañías se encontraban de forma semanal para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. Durante estos encuentros, las constructoras decidían los concursos en que iban a compartir, entre todas o en un subgrupo, una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones.

A lo largo de estas reuniones las compañías también intercambiaban información comercial sensible, como si tenían intención de presentarse a licitaciones o de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las compondrían.

Desventaja competitiva

Las prácticas de estas seis empresas acarrearon una “menor variedad y calidad de las ofertas técnicas» presentadas por las compañías a los concursos públicos, tal y como ha lamentado la CNMC. Al no disponer de la misma información estratégica que las empresas sancionadas, también «se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes«.

Las compañías que concurrieron en los mismos concursos públicos que las seis constructoras participaron «en desventaja competitiva»

Además, las compañías que concurrieron en los mismos concursos públicos que las seis constructoras participaron «en desventaja competitiva», puesto que tuvieron que «acometer una mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas».

Por ello, la CNMC ha remarcado el «efecto agregado» que tuvo sobre la competencia el gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre las seis empresas, el elevado importe que entrañaron y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.