Montoro y Mas sublevan al tejido empresarial catalán

“Estupor, desorientación, y enorme crispación”. Esas expresiones las pronuncian los responsables de las patronales de la pequeña y mediana empresa catalanas. Las empresas se ven atenazadas por dos gobiernos que, a pesar de las buenas palabras, “no hacen nada por tratar de impedir la destrucción de la economía productiva”.

Cecot, Pimec, y Fepyme, todas mantienen una misma tesis: la fiscalidad debe adaptarse a las características de las empresas, y, después de seis años de dura crisis, cuando se ha hecho frente a todo tipo de inconvenientes, “no se puede ahora aumentar las cotizaciones sociales, o aprobar nuevas tasas”.

Las reuniones de las juntas directivas de las patronales de las últimas semanas se han centrado en ese aumento de la fiscalidad, y se han pronunciado «expresiones muy duras». Pero la preocupación no ha sido únicamente respecto a la cuantía que pueda suponer para las empresas, sino por el elemento burocrático de las medidas.

Hachazo a las empresas

En Pimec el enfado es mayúsculo. Los responsables consultados, especializados en diferentes áreas, aseguran que nadie esperaba el “hachazo” del Gobierno central, que tendrá un coste de al menos 900 millones de euros para las empresas, que deberán cotizar por conceptos que estaban exentos hasta ahora como los pluses de comida y transporte, las ayudas para guardería o los seguros médicos privados.

Precisamente, este viernes estará en Barcelona el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto del PP. Las patronales le acusan de no pensar en otra cosa que en aumentar los ingresos, a costa de poner en peligro el tejido empresarial.

El secretario general de Pimec, Antonio Cañete, asegura que, justo ahora, cuando las empresas han empezado a remontar el vuelo, llega este aumento por parte del Gobierno central “que las puede paralizar de forma definitiva, porque los márgenes ya son muy pequeños”. Cañete añade que, además, está el coste energético, e impuestos como el de sociedades que las grandes empresas pagan en menor cuantía que las medianas y pequeñas.

Las tasas de Mas, que exigía ERC

Pero a esos aumentos del Gobierno del PP se han sumado los del Govern de Artur Mas, que acaba de aprobar los presupuestos de 2014 con Esquerra Republicana, y una ley de acompañamiento que incluye 30 nuevas tasas. El responsable del área de medio ambiente de Pimec, Vicenç Moreno, incide en la tasa sobre residuos, o la subida del canon del agua.

El hecho es que obliga a pedir nuevas autorizaciones prácticamente por todo, por una ampliación o por la renovación de una licencia de actividades. Moreno recuerda que el Govern “quería simplificar la administración, pero crea más burocracia”.

El secretario general de la Cecot, David Garrofé, muestra el enojo de la patronal por el contenido de las medidas y por las formas, que denotan “una falta de diálogo total”. También en Fepyme se asegura que se ha dejado de lado “tanto a empresarios como a sindicatos”, por parte de los dos gobiernos, aunque con un mayor descaro, si cabe, respecto al Gobierno central.

Garrofé insiste en que el tejido empresarial está encendido, y en que el Govern de CiU está “paralizado”.

Castigar al trabajo

El Govern prevé ingresar 50 millones de euros por esas nuevas tasas, angustiado ante la necesidad de incrementar los ingresos. El economista de la UB, Gonzalo Bernardos, asegura que ese no es el camino, y que “es incomprensible que un Govern liberal de CiU acabe aprobando las medidas que le impone Esquerra Republicana”.

La crítica, como hacen las patronales, también se dirige hacia el otro lado. Bernardos considera “inadmisible” que el Gobierno central aumente las cotizaciones sociales, cuando “lo último que se debería castigar ahora es el factor trabajo”.

Coste político

La posible respuesta para aumentar ingresos, sin tocar las cotizaciones del trabajo, según Bernardos, debería ser “un descenso de las pensiones más altas”, pero esa medida tiene un alto coste político.

Respecto a los impuestos de CiU y ERC, el fiscalista Joan Antoni Sánchez Carreté, miembro de la comisión fiscal de Foment del Treball, asegura que la “recaudación es mínima”, pero que, en cambio, crea una gran inquietud en las empresas por la inseguridad que provoca.

Y un empresario, que prefiere mantener el anonimato, ironiza: “Casi tendremos que ir con una libretita para apuntar todos los nuevos impuestos que se deberán pagar en cada operación, por simple que sea”.