Montoro pincha con el IVA de caja
Menos del 1% de las pymes y autónomos se acogen al régimen especial. El presidente de ATA asegura que los pequeños empresarios esquivan la norma para no perder a sus clientes
La punta de lanza del Ministerio de Hacienda ha sido la lucha contra el fraude fiscal pero también, contra la morosidad en el pago a proveedores. El ministro Cristóbal Montoro diseñó la ley de apoyo a los emprendedores para mejorar la liquidez y allanar el camino de las pequeñas y medianas empresas. Pero la aplicación de uno de los puntos estrella, el régimen especial del IVA de caja, ha pinchado, tal y como predecía el sector.
El ministerio ha revelado que se han acogido 21.569 contribuyentes. Es decir, menos de un 1% de los 2,3 millones de posibles tributarios. Del total, 10.385 han sido pymes y los 11.185 restantes, autónomos. Los empleados por cuenta propia o las pequeñas y medianas empresas tenían hasta el 31 de marzo para adoptar la norma, después de que el ministerio alargara el plazo tres meses. Pero ni con esas han conseguido aumentar el número de altas.
Régimen optativo
El IVA de caja permite al autónomo o pyme no pagar el impuesto hasta que cobra la factura. Pero si decide acogerse, implica a sus clientes. Por defecto, estos no pueden deducirse el impuesto de valor añadido hasta que no pagan el servicio. Es decir, pierden un efecto financiero favorable.
Y éste es el punto conflictivo. Tal y como apuntaba el presidente de al Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, está en que los trabajadores por cuenta propia temen perder a sus clientes, principalmente a las grandes empresas, debido al carácter voluntario de la norma.
Presiones de las grandes empresas
“La presión de las grandes empresas y la reducción de la morosidad pública han hecho un flaco favor a muchos autónomos que desgraciadamente van a tener que pagar un IVA sin haberlo cobrado”, precisó el presidente de la federación.
El ministerio, lejos de reformular la ley, atribuye las bajas cifras a que están funcionando otras medidas gubernamentales. En concreto, destaca la reducción del periodo medio de pago de la Administración General del Estado, que reculó hasta los 25 días en el último trimestre de 2013 frente a los 33 días en los que se pagaba un trimestre antes.
Además, el departamento que dirige Montoro destaca el plan de proveedores que ha dispuestos de liquidez por 41.800 millones de euros para pagar facturas de las comunidades autónomas y otros 11.600 millones a pagos pendientes en entes locales.
