Mas regulará con un traje a medida el servicio de ITV
Deja fuera la inspección de vehículos del régimen de los organismos de control
El Govern ha querido eliminar las trabas administrativas que sufren las empresas. El espíritu del inicio del mandato del President Artur Mas, el business friendly, ha aparecido en contadas ocasiones, si con ello se interpreta que CiU deseaba defender el tejido económico catalán con medidas concretas. Pero una de esas raras ocasiones la ha protagonizado el conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ha decidido eliminar las cargas burocráticas a las empresas con una nueva normativa de seguridad industrial.
El Consell Executiu aprobó este martes el proyecto de ley que regula el régimen jurídico aplicable a la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos. El cambio es importante, porque las empresas serán más responsables de sus actuaciones al pasar de la autorización administrativa previa, a la comunicación con una declaración de responsabilidad.
Trato entre adultos
La intención es que se pueda agilizar el registro y la puesta en marcha de nuevos establecimientos, instalaciones o productos industriales, trasladando a la empresa un mayor grado de confianza por parte de la administración.
Es un trato entre adultos, que sigue la estela de otras administraciones, como la del Reino Unido. Con ello, el Govern ha adecuado la regulación de la seguridad industrial a la directiva europea de servicios y a las medidas de carácter liberalizador que ya aprobó el gobierno catalán.
Pero hay alguna sorpresa. El conseller Felip Puig ha asegurado que en el proyecto de ley, que prevé también la sustitución del régimen jurídico de los organismos de control, quedará fuera el servicio de inspección técnica de vehículos, la ITV, que se regulará “específicamente”.
El ‘caso ITV’
Los gobiernos de CiU han protagonizado importantes escándalos con el servicio de la ITV. El último ha sido el que provocó la imputación de Oriol Pujol Ferrusola, ex secretario general de Convergència Democràtica, al pretender, supuestamente, a través de una trama, reconfigurar el mapa de estacionoes de ITV en Catalunya en favor de unos determinados intereses particulares.
El último gobierno de Jordi Pujol, en su última decisión, en 2003, prorrogó la concesión de las ITV a la empresa Applus . Posteriormente, el gobierno tripartito trató de modificar la ley para facilitar una mayor oferta, con recursos e impedimentos por parte de los beneficiados hasta aquel momento.
Lejos de resolverlo, el servicio de las ITV quedó inmerso en una dura batalla legal, con recursos cruzados por parte de las empresas afectadas. Ahora el Govern intenta darle una salida, mientras Oriol Pujol Ferrusola espera que se esclarezca su situación en el caso ITV, tras la decisión del juez de llamar como testigo al conseller de Justícia, Germà Gordó.
Más competencia
El conseller Puig no ha querido, sin embargo, concretar las características que tendrá ese régimen jurídico “específico” para las ITV. Ni si fomentará o no una mayor competencia, que es lo que deseaba conseguir el tripartito, inicialmente bajo la responsabilidad del ex conseller de Industria, Josep Maria Rañé.
“Cuando esté preparado se presentará”, ha asegurado Puig. El Govern, sin embargo, ha querido modificar el régimen jurídico de los organismos de control, que pasa del modelo de autorización administrativa a la comunicación previa, como una vía para facilitar “el incremento de la competencia”.
Y se modifican los requisitos iniciales para la prestación de servicios, un hecho que “facilitará el acceso de nuevos operadores al mercado”.
Eso sí, las ITV se regularán al margen. ¿De qué manera? El Govern guarda silencio.
