Mas, paralizado ante las decisiones judiciales por el caso ATLL

La respuesta es inexistente. El Govern que preside Artur Mas mantiene una parálisis inquietante en una cuestión de capital importancia como es la privatización de Aigües Ter Llobregat, la más importante nunca acometida por la Generalitat. El conseller de Presidència, Francesc Homs, aseguró este martes que el Ejecutivo catalán espera «las decisiones judiciales», y que, por ahora, no buscará otras salidas, que podrían pasar por algún acuerdo con las dos empresas implicadas: Acciona, que se hizo con el contrato, y Agbar, que considera que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) son concluyentes en beneficio de la compañía que preside Ángel Simon.

El problema para el Govern es que esas resoluciones judiciales le han dado la razón a Agbar, y reclaman que se ejecuten sus decisiones.

Nulidad del contrato

Agbar reclama ya sus derechos sobre el concurso de privatización, que tuvo un valor de 1.000 millones de euros, y de los cuales la Generalitat sólo ha recibido 300 por parte de Acciona. Agbar solicitó el pasado febrero a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC que se ejecuten las distintas resoluciones que consideraron que la adjudicación de ATLL vulneró la ley.

El consorcio que lideraba Acciona no cumplía, entre otras cuestiones, con los calendarios de obras que eran un requerimiento básico del concurso. Agbar solicitó la nulidad inmediata del contrato.

Pero la Generalitat no ejecuta esas resoluciones. Fuentes del Govern aseguraban, hace unos meses, que la intención era la de encontrar algún acuerdo con las compañías, pero pasa el tiempo y el Ejecutivo que preside Artur Mas sigue paralizado, mientras Acciona ha sufrido distintos problemas internos, vinculados en gran medida la adjudicación de ATLL, que sigue en el aire.

Ganar tiempo

El Govern, en realidad, sólo trata ahora de ganar tiempo, como se desprende de las afirmaciones de este martes del conseller Homs, que en sus distintas comparecencias, tras las reuniones del Govern, no ha sabido o no ha querido ofrecer una versión concluyente.

Abgar solicitó al TSJC la nulidad inmediata del contrato y la reversión de la adjudicación a la compañía que preside Ángel Simón. Y podría llegar a más, incluso a la presentación de una denuncia contra la Generalitat ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario.

Fuentes jurídicas consideran que la Generalitat debería ejecutar esas resoluciones del TSJC, y, posteriormente, presentar nuevos recursos. Pero inciden en la ejecución. El Govern, sin embargo, sigue sin moverse, a pesar de las críticas, también, de la oposición.

El TSJC ha dado la razón en tres ocasiones a los argumentos que defiende Agbar. Y eso implica, a juicio de la compañía, que Acciona debería salir de ATLL.

¿Indemnización a Acciona?

Pero, ¿qué supondría esa decisión? El Govern debería devolver los 300 millones de euros que recibió por parte de Acciona como cuota inicial tras firmar la concesión. Pero las dudas se centran en si la Generalitat debería, además, indemnizar a Acciona. Una de las interpretaciones jurídicas es que no sería necesario, porque se trataría de un contrato nulo.

En cualquier caso, la Generalitat no ha cobrado más dinero por la privatización de ATLL. Los 700 millones restantes se debían pagar a lo largo de los 50 años que dure el contrato. Pero Acciona no ha pagado ninguna de las dos anualidades que le tocaría. Y ha pedido que se aplace el pago de impuestos, unos 40 millones por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

¿Qué hará el Ejecutivo de Artur Mas? Por ahora, silencio.