Marsal encara un juicio de 11 sesiones por el saqueo de la UPM
La Audiencia de Barcelona programa a partir del próximo 6 de septiembre la vista por las retribuciones de la anterior cúpula de la Unión Patronal Metalúrgica
Antoni Marsal, que presidió la poderosa Unión Patronal Metalúrgica (UPM) y que ocupó puestos de responsabilidad en la CEOE, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 6 de septiembre. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Marsal, al que acusa de una supuesta apropiación de 770.000 euros de la patronal catalana del metal entre 2007 y 2012, la mitad procedentes de fondos públicos destinados a cursos de formación.
Junto a Marsal, también están acusados el ex director general de la patronal, Ángel Hermosilla, y su esposa, así como dos directivas y el anterior asesor fiscal de la entidad. Para Hermosilla, la Fiscalía pide nueve años y ocho meses de cárcel y, para el resto, penas que van de los dos años y ocho meses a los cinco años.
La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha programado que el juicio se desarrolle en 11 sesiones, que empezarán el próximo 6 de septiembre. La Fiscalía mantiene que, tal como establecen los estatutos de la UPM, el cargo de presidente no estaba remunerado, pero Marsal puso en práctica «un plan» para embolsarse 772.773 euros en seis años, de los que 366.510 eran fondos públicos.
Estrategia de la defensa
En declaraciones a Economía Digital, el abogado defensor de Marsal, Enric Carulla, argumenta que se deben diferenciar las funciones institucionales como presidente de la patronal, que no son retribuidas, de los trabajos que realizó como profesional para la entidad.
A finales de junio, la defensa de Marsal presentó en el juzgado un informe pericial en el que se relacionan los importes recibidos con los servicios prestados. Marsal siempre ha mantenido que las remuneraciones que percibía eran legales.
Dos directivas acusadas
La junta de gobierno de la UPM denunció en 2012 a su hasta entonces presidente, que fue detenido. Sorprendentemente, dos directivas de la patronal (la responsable de Formación y la de Administración), que alertaron de la actuación, figuran entre las acusados porque la instructora consideró que no habían velado por el correcto destino del dinero.
La patronal también aparece, junto a los acusados, como responsable civil subsidiaria por un importe de 366.510 euros, que corresponden a los fondos públicos supuestamente desviados. La Unión Patronal Metalúrgica reúne a unas 1.800 empresas catalanas que cuentan con cerca de 250.000 trabajadores. Su principal fuente de ingresos son los cursos de formación.
