Mariona Carulla se niega a responder al juez sobre el ‘caso Agrolimen’
La presidenta del Orfeó Català se acoge al derecho de no declarar y se limita a leer un manifiesto preparado por su defensa en el que no explica las operaciones realizadas por Agrolimen sospechosas de fraude fiscal
Ni tres minutos. Mariona Carulla, presidenta del Orfeó Català y accionista del grupo agroalimentario Agrolimen, entraba como imputada por presunto fraude fiscal en la sala de vistas 126 del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona a las 11.02 del martes y salía tres minutos después. No ha declarado y ha expresado su voluntad de no responder a ninguna pregunta. Nada que ver con la maratoniana sesión de su hermano, Jordi Carulla, presidente del gigante alimentario, que compareció durante tres horas ante el juez Josep Maria Miguel Porres, encargado de la investigación, a principios de febrero pasado.
Según la defensa de la familia Carulla, Mariona ha leído una declaración cuyo contenido no ha trascendido, pero en la que, según fuentes judiciales, habría argumentado su voluntad de guardar silencio. Sus abogados, sí han confirmado que han encargado un informe pericial “independiente” para entregar al juez y que demostraría la legalidad de las operaciones de compra-venta de acciones llevadas a cabo entre las sociedades de Agrolimen domiciliadas en paraísos fiscales.
¿Tácticas dilatorias?
Fermí Morales, uno de los letrados de los Carulla y la única persona que hoy ha dado explicaciones, ha aclarado que este informe “va para largo” y pretende contrastar los partes periciales encargados por el Ministerio de Hacienda, que centra su investigación en una operación en concreto: pone en duda un intercambio accionarial valorado en 60 millones de euros. El ministerio trata de averiguar si esta operación se ajustó a la valoración de mercado o por el contrario tenía clara voluntad defraudatoria.
A la espera de tener este informe propio, la defensa habría decidido vaciar de contenido las declaraciones de hoy. Además de Mariona, han comparecido Lluís (ex presidente de Agrolimen) y Montserrat Carulla (accionista). Ambos han seguido la misma estrategia, aunque Montserrat ni siquiera habría leído su manifiesto. Según los abogados, Lluís Carulla habría entregado documentación adicional que probaría su inocencia.
