Malestar en la gran banca por la ‘bula’ fiscal a entidades extranjeras y medianas
Solo las grandes bancos del país alcanzaron los 800 millones de euros entre margen de intereses y comisiones en 2019, el único requisito del Gobierno
César González-Bueno, consejero delegado de Banc Sabadell
Si el anuncio de Pedro Sánchez de aplicar un nuevo impuesto a la banca sentó mal en el sector, el descontento ha sido aun mayor cuando se han conocido los detalles del mismo. Solo unas horas antes de que los grupos parlamentarios registraran este jueves la proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, el consejero delegado de Banc Sabadell pidió al Gobierno que el nuevo tributo “fuera neutral” y no se definiera un método de cálculo que favoreciera o perjudicara a unas entidades frente a otras.
De los pocos detalles que han trascendido del nuevo impuesto queda una cosa clara, y es que no aplicará a la banca privada y la extranjera, ni siquiera a las entidades de tamaño mediano. Todo lo contrario de lo que pedía la gran banca. No lo indica así expresamente la proposición de Ley, pero el único requisito que se tomará en referencia es bastante excluyente y solo lo cumplen las entidades más grandes del país.
El Gobierno tomará como referencia las cuentas de 2019 y excluirá del nuevo gravamen a aquellos que no alcanzaron los 800 millones de euros entre margen de intereses y comisiones ese ejercicio. Obviamente, no todas las entidades tienen pulmón financiero para alcanzar esa cifra. De hecho, apenas lo hicieron siete entidades ese año, según los datos recogidos por Economía Digital.
En concreto, Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja. Lo que limita bastante el número de bancos que soportarán el nuevo impuesto. Si se tiene en cuenta los resultados de ese año, Caixabank sería la entidad más perjudicada por el nuevo impuesto. En 2019, sumó unos 6.800 millones entre margen de intereses y comisiones en su negocio en España, por lo que al aplicar el nuevo impuesto (del 4,8%), le tocaría pagar unos 330 millones.
Le seguiría Santander con 307,2 millones sobre un total de 6.400 millones entre intereses y comisiones. Tras ellos, BBVA abonaría 259 millones, Sabadell 183,8 millones, Bankia, otros 153,12 millones, Bankinter, casi 75 millones y Unicaja unos 40 millones. En suma, algo más de 1.350 millones en impuestos si se hubiera pagado hace tres años.
El objetivo del Gobierno es recaudar unos 1.500 millones en 2023 tomando como referencia las cuentas de 2022, que según explican, ya contarán con el impacto favorable de la subida de tipos de interés y en consecuencia, el margen de intereses y las comisiones serán aún mayores, y la recaudación mayor. Lo que les permitirá alcanzar la cifra objetivo.
Quedan, por tanto, fuera de este impuesto el resto de entidades. Las extranjeras, como ING o Deutsche Bank -que tienen un negocio bastante potente en España- desconocen si la nueva Ley tendría efecto sobre ellas, «lo estamos estudiando», expresan. Pero al no haber alcanzado esos 800 millones en 2019, ya saben que están fuera si no cambia nada antes de su aprobación definitiva. Lo mismo ocurre con la banca de inversión o las entidades medianas, como Kutxabank o Abanca.
Si se tomara como referencia el resultado de este año, si pagarían el impuesto pero si solo se tiene en cuenta el de 2019, no. De esta manera, los bancos locales se quedan también fuera del hachazo fiscal a pesar de la petición de César González-Bueno este jueves. “Es importante que sea neutro y no afecte en términos de competencia. Es imprescindible que no favorezca a ninguna entidad sobre otra”, insistía.
El CEO de Sabadell fue incluso más tolerante que sus homólogos. El de Santander rechazó por completo el impuesto, asegurando que no ayudará a combatir la inflación y perjudicará a la economía española, donde dejarán de circular hasta 50.000 millones en créditos. La de Bankinter, aseveró que el Gobierno no ha dado hasta la fecha ningún argumento «sensato» que justifique el nuevo impuesto.
El Ejecutivo tiene claro que los intereses y comisiones subirán este año a consecuencia de la subida de tipos de interés, aclara que el impuesto solo aplicará al negocio de los bancos en España y que se extenderá dos años, por lo tanto, aplicará sobre las cuentas de 2022 y 2023.
En la proposición de Ley, el Gobierno asegura también que el peso del nuevo tributo es insignificante respecto al tamaño de estas entidades. Según sus cálculos, apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de crédito españolas.
Y explican que se ha decidido aplicar el impuesto sobre los intereses y comisiones cobrados porque representan en promedio en torno a un 79% de los ingresos de las entidades españolas sumando los dividendos y otros ingresos de explotación.
Advierten además, que la nueva prestación no puede trasladarse a los clientes constituyendo infracción grave el incumplimiento de la prohibición. De hecho, tendrán que abonar una multa del 150% del importe cobrado si lo hacen. Y corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en colaboración con el Banco de España, el control de la correcta aplicación de la prohibición de esta traslación.
