Los trabajadores de ATLL denuncian la politización de la compañía
La plantilla busca garantías para su empleo y denuncian que la situación política y judicial paraliza la actividad normal de la compañía
Los 238 empleados de Aigües Ter Llobregat (ATLL) han dicho basta tras dos años en que la empresa fue privatizada en el principal concurso de la presidencia de Mas y se convirtió en la protagonista de la guerra del agua, el litigio que enfrenta a una grande del Ibex, Acciona (junto a la Generalitat) por un lado y Aguas de Barcelona (Agbar), integrada en el gigante francés Suez Environnement, por otro.
Los empleados han exigido un encuentro con alguien de la cúpula de Acciona para que les de detalles sobre cómo plantean el futuro de la compañía y otro con el Govern de Artur Mas, quien ha dado el primer paso para anular el contrato actual. Fuentes del comité de empresa indican que el Ejecutivo les ha contestado que buscan un «hueco en la apretada agenda» del consejero de Territori, Santi Vila, o el de Economia, Andreu Mas-Colell.
La guerra judicial y política marca el trabajo
La Generalitat pretende tranquilizar a la plantilla de ATLL. Vila afirmó el sábado pasado que la defensa del empleo era prioritaria en el estado actual de la guerra del agua y el presidente, Artur Mas, lo ha reiterado este miércoles en el Parlament.
Además de velar por sus condiciones laborales, los trabajadores alertan de la situación actual de ATLL. Afirman que la pugna judicial y política que se vive marcan su día a día, especialmente en cualquier actividad que requiera la contratación de servicios externos.
Dar agua potable a 4 millones de personas
La inseguridad jurídica del titular del servicio limita el grueso de sus subcontrataciones a tan sólo un año de vigencia. Con la consiguiente falta de ahorro económico y burocracia al pasar de una empresa a otra. La plantilla también explica que muchas de las mejoras previstas no han recibido la bendición de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), quien también aplica un criterio conservador antes de iniciar cualquier proyecto en ATLL. Si se anula el contrato, se deberá devolver la inversión realizada por Acciona.
Los trabajadores alertan de que todo ello ocurre en una empresa que se encarga de gestionar un recurso básico: facilitar agua potable a todas las poblaciones de Barcelona y su área de influencia. Es decir, da servicio a más 4 millones de personas.
