Los recortes a las energéticas arriesgan 25.000 puestos de trabajo

La propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de recortar cerca del 20% la retribución de las redes de gas y un 7% la eléctrica ha golpeado al sector. No solo las empresas sufrirán los recortes de 5.000 millones de euros hasta 2025, sino que la decisión del regulador también recaerá sobre los trabajadores de estas compañías. La federación de industria del sindicato USO ha estimado «que se pueden perder hasta 25.000 empleos directos e indirectos» de aplicarse la propuesta de la CNMC. 

Así lo han explicado los sindicatos antes de una reunión con el ente regulador en la que van a solicitar que «se abra una mesa de diálogo» entre sindicatos, Ministerio para la Transición ecológica y CNMC para incluir sus propuestas durante el plazo de alegaciones abierto hasta el próximo 9 de agosto. Para el sindicato el nuevo marco propuesto por el regulador «no convence a nadie y ha levantado ampollas tanto a nivel sindical como patronal. Además, la inseguridad jurídica y la falta de concreciones ha provocado que determinadas empresas como Naturgy hayan paralizado sus inversiones, según Efe.

«Estamos de acuerdo en el objetivo de abaratar la factura eléctrica, pero la iniciativa de la CNMC se ha producido de forma unilateral y discrecional cuando debería partir desde el consenso»  han criticado desde el sindicato. Por este motivo, han pedido al organismo que preside José María Marín Quemada que «paralice la propuesta, abra una mesa de diálogo» y que las medidas que finalmente se adopten tengan un tiempo de «transición suficiente para que industria, empleo y consumidores no se resientan». 

La respuesta de las empresas 

Las empresas eléctricas y gasistas trabajan para presentar sus alegaciones al recorte propuesto por la CNMC que termina el 9 de agosto. Así lo han confirmado compañías como Naturgy Enagás, Red Eléctrica (REE), Endesa, Iberdrola y EDP.  

Las compañías tienen ya definido el argumentario para pedir un recorte más reducido. Se basa principalmente en la rentabilidad del servicio, que debe ser la correcta para no asustar a los inversores y para asegurar que las empresas pueden acometer las inversiones necesarias para mantener y renovar las redes.