Los jueces prohíben a las constructoras los desalojos masivos de inquilinos

Un pequeño comerciante de un taller del barrio de Guinardó en Barcelona ha desmontado la excusa legal que utilizaron las constructoras para desalojar a miles de inquilinos de sus casas y sus negocios durante los años de burbuja inmobiliaria.  

Una norma de la ley franquista de arrendamientos (1964) permitía a las constructoras echar a los inquilinos si en su barrio había una necesidad imperiosa de nuevas viviendas o si la construcción permitía una importante creación de puestos de trabajo.  

Con esa excusa, avalada por las delegaciones de gobierno, se activó una ola de desalojos en toda España que ocasionaron la pérdida de los beneficios de la renta antigua. Sólo el argumento de que los nuevos pisos aliviarían la alta demanda de vivienda, era motivo suficiente para cursar el desalojo.  

Hito judicial  

«Durante la época de burbuja inmobiliaria, las sentencias de desalojo se activaban de forma casi automática con los artículos 78 y 79 de la ley de Arrendamientos Urbanos. Estaban casi redactadas. Se daba por hecho que había urgencia de nueva vivienda en todos los barrios, pero hemos podido demostrar con datos que esa realidad hoy ya no existe», explica Ana Gil, del despacho Sotelo Advocats que ha asesorado a los hermanos que regentan el pequeño taller. «Ahora hay una nueva sensibilidad en los tribunales ante estos temas», explica la abogada.  

Ángel Vizcaya, dueño de Talleres Varsovia en Barcelona, es el último resistente del inmueble. Todos los vecinos y los locales se han marchado, excepto ellos, que se han enfrentado a la inmobiliaria que compró el edificio para construir 15 viviendas de alta calidad.

El gigante aplastado
 
Núñez y Navarro, la constructora del expresidente del FC Barcelona que levantó media ciudad, no suele tener demasiada prisa para desalojar a los vecinos resistentes. Deja que los problemas de los edificios vacíos y sin mantenimiento vayan ejerciendo su peso sobre quienes se rehúsan a salir.  

A Ángel le comunicaron que disponía de un mes para desalojar. No sabe si se trataba de un error o de una intimidación pero de inmediato se puso en contacto con su abogado. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le ha dado la razón.

Proyecto millonario paralizado  

Los tres jueces consideran que los preceptos que incentivan la creación de nueva vivienda están caducos. No sólo no son necesarios nuevos pisos sino que crece el número de inmuebles vacíos.  

La sentencia paraliza la construcción del edificio de 15 pisos y tres locales comerciales proyectado por Núñez y Navarro. El proyecto podría alcanzar un precio de, como mínimo, seis millones de euros.    

«Pretendían echarme y que estuviese dos años sin actividad. Luego me ofrecían otro local pero que no cumplía con la altura que necesito para seguir con el taller», explica Ángel Vizcaya, uno de los hermanos que ha vencido a Núñez y Navarro. Además, con la construcción, el inquilino perdería las ventajas de la renta antigua.

Protección de los puestos de trabajo   

La sentencia asegura que los empleos que generaría la edificación del nuevo inmueble no compensarían los perjuicios que la obra causaría a los dueños del taller.  

«Los escasos puestos de trabajo temporal que ocasionaría la reedificación del inmueble, no podrían compensar la desaparición definitiva de los fijos existentes en el negocio de la demandante del que vienen viviendo tres familias», argumentan los jueces en la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.  

La decisión, que supone un precedente para los inquilinos desalojados, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.