Los inspectores laborales descubren que sufren explotación

Hace un lustro, los inspectores laborales sólo solían trabajar de mañanas, casi como cualquier empleado. Al margen de las actuaciones que tenían que emprender las noches o los fines de semana, tenían una carga de trabajo similar a la de cualquier funcionario.

Pero tras años de recortes y tras meses de mayores cargas laborales, el colectivo que persigue el fraude laboral, que se presenta por sorpresa en un resort, en una discoteca o en un matadero de cerdos, ha topado con el mayor de los descubrimientos: ellos mismos son explotados laboralmente.

Los inspectores y subinspectores laborales, más de un millar de funcionarios que persiguen fraudes en la contratación, abusos de contratos a tiempo parcial o temporales y falsos autónomos, han señalado con su dedo acusador, ese que impone multas y sanciones, a sus propios jefes, a los encargados de garantizar las condiciones laborales de todos los trabajadores españoles.

Cada día más precarios

Los funcionarios no han descubierto su condición de un día para otro. El proceso ha sido largo. De hecho, se han reunido con tres directores generales de la inspección de trabajo para quejarse de su propia realidad laboral. Todos han tenido buenas palabras y buenas intenciones, pero la carga de trabajo no deja de aumentar.

Cada mes, los inspectores laborales deben cumplir con un programa de actuaciones: se trata de inspecciones sorpresa decididas desde las oficinas centrales en Madrid y acordadas con los inspectores jefes de las provincias y las comunidades autónomas. En algunos casos, tienen libertad para decidir las empresas que visitas. En otras, el cronograma incluye datos, nombres y apellidos. Se trata de una denuncia o de alguna actuación decidida

La última carga de trabajo viene precisamente por una medida destinada a detectar más fraudes laborales. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez llegó con la bandera de luchar contra los falsos autónomos. Es una medida que fue aplaudida por los propios funcionarios. Pero la lucha contra la economía sumergida y el abuso de los falsos autónomos exige más tiempo y trabajo de campo que una inspección tradicional.

Para aumentar la presión contra el fraude, sus horarios se han extendido y han tenido notables incrementos de carga de trabajo en los últimos meses.

“Hemos planteado a la dirección general la elaboración de un plan psico-social para valorar los riesgos y las cargas laborales de nuestros puestos de trabajo. Forma parte de nuestros derechos como trabajadores”, explica Mercedes Martínez, inspectora laboral de Girona e integrante de la Unión Progresista de Inspectores de Laborales, UPIT, que reúne a 172 profesionales. “Si no hay una elaboración del plan, el sindicato está a favor de denunciar a la inspección laboral”, añade la portavoz del sindicato de inspectores.

Los funcionarios han pedido a la dirección general de la Inspección del Trabajo y la ministra Magdalena Valerio medidas concretas para modificar las condiciones laborales.

Predicar sin el ejemplo

A diferencia de otros funcionarios, los inspectores laborales explican que, en más de un 60% trabajan de mañana, tarde y guardias que incluyen festivos, noches y fines de semana. El colectivo percibe un descontento es creciente por la falta de control del horario, ya que, parte del colectivo asegura que trabaja más de las 40 horas semanales.

Un inspector laboral no parece, en principio, un trabajador precario. Además de gozar de la estabilidad laboral de cualquier funcionario, su sueldo se ubica entre los 2.400 euros y los 3.300 euros netos en función de la provincia de destino y la antigüedad. Pero, al compararse con otros funcionarios, notan una diferenciación sangrante. Aseguran que ganan mucho menos que otros funcionarios que han realizado oposiciones similares. Y, además, su carga laboral a veces les deborda.

“En Barcelona se encuentra la peor situación. Hay poco personal para hacer inspecciones en materia de fraudes de Seguridad Social que es muy elevada en hostelería y turismo”, explica un exinspector destinado en Barcelona. “No se da abasto con los escasos recursos y personal”, agrega.

El caso de excesos e irregularidades en el ministerio y la administración no es un caso único. Los interinos han denunciado ante los tribunales la contratación en fraude de ley de miles de trabajadores. Entre ellos se incluyen los trabajadores administrativos que también trabajan en los despachos de la inspección.