Los Font negocian un pacto para zanjar la guerra de Bon Preu

Los hermanos Joan y Josep Font exploran nuevas vías con tal de resolver la guerra que mantienen al frente de Bon Preu. Si el conflicto para dar salida al menor de ambos, Josep, del capital de la cadena de supermercados catalana se encuentra ya en la Audiencia Provincial, ambas parten negocian de forma extrajudicial un pacto para fijar un precio que satisfaga a ambos sin necesidad de comparecer de nuevo ante el magistrado.

Fuentes implicadas en las conversaciones explican a Economía Digital que los dos interlocutores principales son Joan Font, el presidente de la compañía, y Abel Font, hijo de Josep, al que sustituyó el pasado mes de enero “para tratar de restablecer la comunicación entre ambas partes”.

Todavía en fase embrionaria, el tira y afloja se produce ahora después de que ambas partes constataran el coste fiscal de partir Bon Preu en dos partes y que supera los 70 millones de euros. El gasto calculado por los dos hermanos no coincide debido a que la valoración que cada uno realiza de la empresa es ostensiblemente diferente.

El precio de la compañía ha sido uno de los grandes puntos de discordia durante todo el procedimiento judicial. A lo largo del enfrentamiento, ambos bandos encargaron sus propias valoraciones antes de ejercer el derecho de separación de socios, previsto en los estatutos de la empresa. La primera, solicitada por Josep, fue realizada por Mazars y fijó un precio de 960 para toda la empresa. A su vez, Joan pidió un informe a Faura-Casas, que marcó el precio en sólo 380 millones.

Ante las diferencias, el vicepresidente acudió a Grant Thornton, que disparó el precio de Bon Preu hasta los 1.100 millones. En cambio, el presidente tocó el timbre de KPMG, que situó la compañía en 600 millones. Eso sí: avisó de que en caso de venta, el valor del 50% sería sólo de 210 millones. Al haber una diferencia superior al 25% entre las distintas valoraciones, todas quedaron invalidadas.

En el juicio celebrado el pasado mes de octubre, Josep Font puso una nueva cifra sobre la mesa: 497 millones de euros. El número surgía de la media entre el informe de KPMG tras aplicarle una serie de correcciones y el de Grant Thornton. La cantidad fue rechazada de pleno por Joan.

Así, las conversaciones se encuentran en la búsqueda de un precio final que, previsiblemente, será inferior a estos casi 500 millones de euros. El acuerdo, eso sí, parece todavía lejano.

Además, existen dudas sobre la viabilidad de la partición en dos partes que ha defendido Joan Font. La propuesta del mayor de los hermanos es la de dividir Bon Preu en tres lotes: dos serían equitativos y englobarían las tiendas y un tercero serían los servicios centrales, los directivos y las marcas, que pasarían a trabajar para dos empresas competidoras.

La guerra judicial en Bon Preu

El enfrentamiento de Joan y Josep Font saltó a los juzgados después de que el menor de ambos interpusiera una demanda contra el mayor con tal de ejercer el derecho de separación y vender su porcentaje. La magistrada Marta Cervera, del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, desestimó las peticiones y abrió la puerta al siguiente mecanismo previsto en los estatutos de la firma para la resolución de conflictos: la separación en dos, algo que el número dos quiere evitar a toda costa.

El conflicto en los tribunales parte de una diferente interpretación del artículo 35 de los estatutos de la compañía. Los supermercados catalanes tienen una cláusula para actuar en el caso de que los dos accionistas voten repetidamente en sentido contrario sobre asuntos claves. Si en 20 días no hay un acuerdo, se abre la posibilidad del derecho de separación. Uno de los socios podrá exigir al otro que compre su parte.

Para ello, ambos encargarán una valoración a un auditor independiente para estimar el precio, que saldrá de la media de las dos tasaciones siempre que no estén separadas por más de un 25%. De estar muy alejadas, podrán solicitar una segunda opinión a otra firma. El siguiente mecanismo es la partición.

«Al haber una diferencia superior al 25% en las valoraciones estamos ante la existencia de una irregularidad que invalida las valoraciones, que no pueden tomarse en cuenta», señaló la magistrada. Y zanjó: «Lo que está claro es que no puede hacerse una tercera o cuarta ronda de valoraciones, pues el espíritu de la cláusula es resolver el conflicto y no caer en una espiral absurda que lo perpetúa». «La lógica obliga a avanzar con el siguiente mecanismo», terminó.

La batalla, a falta de un acuerdo extrajudicial, se encuentra ahora en la Audiencia Provincial después de que Josep recurriera la decisión de la magistrada.