Los fondos de Naturgy planean acciones judiciales contra la CNMC

El drástico recorte que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planea para la distribución y transporte de gas y electricidad tiene a las empresas afectadas en pie de guerra. Todas, especialmente Naturgy, Red Eléctrica y Enagás, las más afectadas, han presentado sus alegaciones, y también lo ha hecho el Gobierno. Pero hay otros actores que también se están moviendo y no dudarán en usar todos los mecanismos, incluidos lo judiciales, para defender sus inversiones.

Los fondos de inversión que tienen posiciones importantes en las empresas más perjudicadas afilan los cuchillos para llegar hasta las últimas consecuencias. Entre ellos, dos de los más afectados son los socios de Naturgy en redes, que ya piensan en poner a trabajar a sus abogados para llevar a la CNMC a los tribunales. Según fuentes del sector, no descartan ninguna vía, tampoco la judicial, y de hecho, ya se han movido para frenar el recorte de hasta el 20% en la retribución por el transporte de Gas.

Naturgy segregó las redes en una empresa, Nedgia, y buscó dos socios: el fondo canadiense CPPIB y Allianz, con el 10% cada uno, venta que se cerró en marzo del año pasado. Estos fondos son los que están maniobrando para evitar o minimizar el recorte y, en caso de no lograrlo, explorar la vía judicial. Fuentes de la compañía evitaron realizar comentarios al respecto; todavía es pronto.

De hecho, CPPIB ha llegado a verse con dirigentes de la comisión de competencia para discutir aspectos del recorte a la distribución y transporte. También lo ha hecho GIP, fondo que, aunque no está directamente en Nedgia, controla el 20% de Naturgy, por lo que también tiene que perder con el hachazo. Además, la propia Naturgy intensificó los contactos con la CNMC en julio, en las fechas previas a la presentación de las alegaciones a la propuesta de Competencia.

Los argumentos de los fondos contra la CNMC

Las fuentes consultadas hablan de varios puntos de fricción, en los que se apoyarían las acciones judiciales, si finalmente las hay. Los fondos seguirían la estela de los fondos de inversión que denunciaron a España ante organismos internacionales por el recorte a las renovables. Agarrándose a la inseguridad jurídica, denunciaron que el Gobierno cambió las normas a mitad del partido, y están obteniendo resultados.

Ese mismo argumento puede ser utilizado por los inversores de las redes de gas y electricidad, si bien existen diferencias. En este caso, el modelo de retribución actual tenía fecha de caducidad, lo que tampoco es óbice para que se prorrogue sin modificaciones si no hay consenso, y más con la situación de provisionalidad que vive el superegulador.

Y es que ese es precisamente otro agarradero para una posible acción judicial de los fondos, en el caso de que se consume el recorte anunciado: la situación de interinidad que vive la CNMC y la prisa por aprobar los cambios. El presidente de la institución, José María Marín Quemada, así como varios miembros del consejo, tienen el mandato caducado desde el 9 de septiembre.

El bloqueo político provocó a su vez un bloqueo en la renovación de la CNMC. El Gobierno de Pedro Sánchez no ve con buenos ojos a Marín Quemada, más afín al PP, pero en sus meses de presidente previo a las elecciones de abril, no abrió todavía ese melón. Luego ha estado en funciones y la repetición electoral dilata todavía más la interinidad en el superregulador.

A favor de las compañías y de sus accionistas también juega el hecho de que el propio Gobierno presentó, y antes que ellos, sus alegaciones. Además, con una notable dureza con respecto a la propuesta de la CNMC. Cree que el recorte no está bien argumentado y que no tiene en cuenta la política energética, o de transición ecológica, como la llamó la ministra Teresa Ribera, del ejecutivo. También es cierto que es un plan plurianual, hasta 2026, y ni siquiera sabemos qué gobierno terminará este 2019.

Un recorte de miles de millones

El recorte de entre el 7% y el 21% de la retribución al transporte y distribución de electricidad y gas amenaza unos 6.000 millones de euros, aunque se prevé que con las alegaciones, se termine matizando el plan y la cifra sea inferior. Red Eléctrica es la compañía más afectada por la parte de la electricidad, mientras que Naturgy —y su filial Nedgia— y Enagás lo son por el lado del gas. Por ello son también las que más han sufrido en bolsa desde el anuncio del recorte.

Pero hay empresas menos afectadas, como Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo, y también otras menos conocidas pero muy afectadas con respecto a su volumen de negocio. Es el caso por ejemplo, de Madrileña Red de Gas, Redexis y Nortegas.

Todas han presentado alegaciones y, directa o indirectamente, se han reunido con la CNMC. También han movido ficha las patronales. A nivel individual, algunas compañías han empezado a actuar. Naturgy a sido la más contundente: Francisco Reynés no se ha reprimido y anunció en seguida la congelación de las inversiones en redes y, más tarde, la suspensión de empleo temporal a parte de la plantilla de Nedgia.