Los expertos dudan de la efectividad de la tasa Google

¿Qué piensan los expertos de la controvertida tasa Google? De momento se muestran algo escépticos sobre su fiabilidad y cómo afectará realmente la reforma que plantea el Gobierno en el ámbito editorial y periodístico. Algunos son mucho más críticos con esta nueva normativa, como el abogado Josep Jover, conocido como el enemigo de la Sgae, y a partir de ahora también de la tasa Google.

“Es como la capa que engaña al toro. Primero habrá una entidad que recaudará el dinero de Google y otros agregadores. Después, esta cantidad se repartirá entre los editores y periódicos. Y ya se sabe, quien parte y reparte, se queda con la mejor parte. La tasa Google es un engaño para decir que como los agregadores grandes son ricos, vamos a por ellos, aunque detrás hay varias cosas más escondidas”, asegura este experto en propiedad intelectual.

Algunos agregadores podrían emigrar

Según Jover, el problema de raíz es que las entidades de gestión están, en su mayoría, en la quiebra técnica como consecuencia de la crisis, de modo que se anuncia la tasa Google en un momento en el que todos han sufrido una gran bajada en la recaudación. Pero este abogado va más allá. Sobre algunos agregadores, como Menéame, asegura que resulta “extraordinariamente incómodo para el Gobierno” por lo que exigirle esta tasa para los editores es una especie de castigo.

Si embargo, hecha le ley, hecha la trampa. Jover asegura que ahora algún agregador podría plantearse el hecho de trasladarse a Andorra para no pagar. “Es una reforma muy vaga, pero hace su función, que es producir un ruido mediático que distrae la atención hacia otro foco diferente de la crisis, los desahucios o los problemas en Ceuta”, subraya.

Google, amigo y enemigo a partes iguales

Por otra parte, el abogado del bufete Gómez-Acebo & Pombo, Iban Díez, asegura que la controvertida tasa Google ya existía en España, pero la normativa era muy general y no se aplicaba con claridad. “La ley actual dice que si se utilizan artículos periodísticos con fines comerciales (poner bunners en una web sería un ejemplo) el medio tiene que recibir una retribución equitativa por parte del agregador, pero no se hacía. Ahora se ha revisado ese artículo y se ha concretado ante la presión de los editores”, asegura.

Laura Aliaga, abogada del bufete Broseta, se muestra algo crítica con la ley actual y asegura que podría ser mucho mejor en algunos puntos. «Es muy vaga y ahora se ha reformado pensando en compañías como Google. El pago está enfocado en el press clipping (resúmenes de prensa) y los agregadores que hasta ahora no pagaba a nadie, lo que molestaba a algunos diarios», señala.

Además, los expertos puntualizan que los medios de comunicación puede elegir si estar presentes o no en Google. Es decir, sin previo aviso el buscador y agregador utiliza las noticias de los diferentes diarios en sus webs, pero si el medio lo solicita se le excluye, aunque eso a veces sale demasiado caro ya que reducen considerablemente su visibilidad en Internet.

Las redes sociales y buscadores, libres de pagos

Y, ¿qué compañía, al margen de Google, Yahoo o Menéame, tendrá que pagar a los medios? “Entiendo que la diferencia está en el grado de intervención. De modo que hay que distinguir entre agregadores de noticias y lo que son meros buscadores y las redes sociales, donde aparecen contenidos pero de forma aleatoria y es otro usuario el que los utiliza”, matiza Díez.

Los problemas por el cobro o no de una cantidad de dinero a los agregadores ya ha surgido en otros países de Europa. En Francia y Alemania, los editores han demandado a Google porque entienden que tienen derecho a recibir una compensación. En España, sin embargo, no ha llegado a ese extremo y el Gobierno pretendería ahora ponerse la venda antes de la herida.

“No sé si por falta de recursos técnicos o por qué razón pero hoy en día el procedimiento en temas de propiedad intelectual es muy lento y se han resuelto pocos casos. De modo que se refuerza ahora la ley con el fin de que sea más efectiva pero tengo mis dudas. Creo que es necesaria una revisión más profunda. La ley en España es semejante a la de otros países de Europa, pero en nuestro caso el problema es aplicarla correctamente y hacerla cumplir”, concreta Díez.