Los empresarios catalanes le piden al Gobierno que ponga a competir a Barajas y El Prat

El empresariado catalán ha solicitado al Gobierno del Partido Popular que dé un giro a la actual política aeroportuaria. En el transcurso de una reunión mantenida en Barcelona con la ministra de Fomento, Ana Pastor, el Grupo de Trabajo de Infraestructuras (GTI-4) ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de la gestión aeroportuaria, que pasaría por hacer competir a los dos grandes aeropuertos del país, además de administrarlos con criterios sólo empresariales.

El grupo empresarial, del que forman parte la Cambra de Comerç, Foment del Treball, el Cercle d’Economia y el RACC, aboga por un modelo que haga competir en condiciones de igualdad a las dos principales infraestructuras aeronáuticas españolas. “La lógica económica demuestra que la competencia es la mejor forma de adaptarse a las condiciones que imponen los mercados internacionales, especialmente si son tan exigentes como en el caso del transporte aéreo”, aseguran en un documento entregado a la ministra. Apuestan por modelos como el de Alemania (Fráncfort y Múnich) o el de Italia (Roma y Milán).

A esa petición de descentralización en la gestión (gestión individualizada, según su terminología) se añade también la reclamación de que la dirección de los aeropuertos se haga con criterios “estrictamente empresariales”. Los empresarios barceloneses apunta incluso en la línea de que la mejor opción es traspasar esa gestión a un operador privado. ¿Sin presencia pública, entonces? No, otra de las peticiones formulada es que exista presencia de los organismos públicos o semipúblicos en los órganos que controlen esa gestión.

Contar con el sector público

De igual manera le piden a la titular de Fomento que las propias administraciones públicas tengan una participación activa en la adopción de las grandes decisiones estratégicas que afecten a los aeropuertos.

La reivindicación del empresariado catalán ante la ministra de Fomento tiene incluso un límite temporal. En opinión de las cuatro instituciones barcelonesas, la reforma es urgente y tiene un coste de oportunidad importante. Retrasarla sólo genera “perjuicio” para los usuarios de ambos aeropuertos (Madrid y Barcelona) y desaprovecha una palanca de crecimiento “vital” para la economía.

Horizonte de un año

De ahí que durante la reunión, y ante la suspensión de los concursos de privatización de ambos aeropuertos, las cuatro entidades hayan solicitado a la ministra que la reforma se lleva a cabo en el plazo de un año. Incluso, añaden, con el aprovechamiento de algunos de los avances que se produjeron con el anterior gobierno. “En la reforma del sistema de gestión de los dos grandes aeropuertos de España no caben medias tintas”, aseguran los representantes de las cuatro instituciones en el documento entregado a la representante gubernamental.