Los diez mandamientos para evitar la corrupción empresarial

El director adjunto de la Oficina Antifrau catalana, Albert Batlle, ha reivindicado este martes el decálogo para imponer unos principios de transparencia y prevención de la corrupción en las empresas realizado por Transparencia Internacional (TI). El presidente de la asociación, Jesús Lizcano, y la autora del informe, la catedrática en derecho penal Silvina Bacigalupo, han explicado los diez mandamientos “para garantizar la libre competencia y el funcionamiento normal de los mercados”, tal y como afirman en el estudio.

“Son unas pautas. Es muy difícil detectar y ver desde fuera la corrupción empresarial”, recuerda Lizcano. Los diez mandamientos pasan por cumplir los principios de buen gobierno corporativo que se impone a las empresas cotizadas; implementar un código ético empresarial; impulsar los programas de cumplimiento normativo; establecer vías de denuncia; que la retribución de los directivos y administradores sea pública; dar publicidad a los contratos con administraciones públicas y actividades subvencionadas; informar de los programas de responsabilidad social corporativa; y fiscalizar la política de regalos.

Con un carácter más internacional, también pone el acento en la necesidad de revisar las transacciones que se hagan más allá de las fronteras españolas (básicamente, evitar la corrupción de funcionarios extranjeros) y cumplir con las obligaciones fiscales.

Cumplimiento

TI ya ha presentado el informe a patronales y asociaciones empresariales. “La normativa del código penal obliga a las empresas a que las apliquen en mayor o menor medida para prevenir riesgos penales”, afirma Bacigalupo.

Aunque fuentes de la institución aseguran que su implementación es dispar. Las grandes corporaciones cumplen los requisitos de transparencia obligados por ser una empresa cotizada (en el caso de que lo sean), pero la información divulgada por las pymes se quedan lejos del estándar divulgado. “Más adelante queremos incorporar un índice de cumplimiento”, señala la catedrática.

Por parte de la institución catalana, Batlle explica el interés que suscita el informe “para fijar los principios generales y velar para que se cumplan las buenas prácticas”. Asimismo, asegura que trabajarán para que los agentes económicos y sociales catalanes hagan suyo el decálogo.