Los cuatro directivos de Repsol investigados por el vertido no podrán salir de Perú durante 18 meses

Tras dos semanas, aún continúa la investigación por la presunta responsabilidad del derrame de 6.000 barriles de petróleo el pasado 15 de enero en la costa central peruana. Por ello, que el juez encargado del caso, Romualdo Aguedo, ha prohibido a los cuatro directivos de Repsol, presuntamente implicados en un delito de contaminación medioambiental, salir de Perú durante, al menos, 18 meses.

Entre los involucrados del desastre de la refinería La Pampilla, operada por la empresa, está el director ejecutivo de Repsol en el Perú, Jaime Fernández-Cuesta. La decisión judicial también afecta al jefe del Terminal Marítimo 2 de La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en el país para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.

En concreto, el vertido de petróleo se produjo cuando el tsunami causado por la erupción volcánica submarino de Tonga alcanzó el litoral peruano en el momento que un buque petrolero descargaba el crudo en la refinería que Repsol opera en Ventanilla, municipio de Callao, la región portuaria aledaña a la capital Lima.

Por su parte, Fernández-Cuesta sostuvo que desde Repsol no fueron “conscientes de la magnitud, hasta que empezó a llegar el petróleo» a las playas de Lima y la vecina provincia del Callao. “Seguro hemos cometido errores, el tema de la cantidad reportada en un informe preliminar, el no haber sido capaces de ver que habían manchas de petróleo en el mar hasta el día siguiente“, indicó el directivo.

Sin embargo, ante la catástrofe, el magistrado ha aceptado la petición hecha por la Fiscalía peruana que consideró a Fernández-Cuesta en «calidad de autor» y a los otros tres implicados como «cómplices» en la presunta comisión del delito de contaminación medioambiental, a la que se acogieron de inmediato los cuatro directivos de la petrolera española, cuyos abogados arguyeron que han colaborado con la justicia y no tenían intención de salir del país.

Asimismo, el Ministerio Público ha recordado que el Código Penal peruano establece para este delito una condena entre 4 y 6 años de prisión y ha remarcado en la necesidad de que los imputados permanezcan en Perú «para el esclarecimiento de los hechos».

Por ello, el juez, tras indicar que los indicios que se tienen hasta el momento generan la «sospecha simple» para abrir diligencias y evitar un «potencial peligro de fuga», ha defendido que la prohibición de abandonar el país es «estrictamente proporcional (…) ante el interés de la sociedad en averiguar la verdad» y trasladado de inmediato la resolución a la Policía Judicial y la Superintendencia de Migraciones.