Los consumidores de Barcelona se consideran «víctimas» de la privatización del agua
Las asociaciones de usuarios denuncian la "poca coherencia" de la Generalitat en la adjudicación de ATLL, que ha disparado el precio del servicio
«Nada tiene coherencia. La subida del precio del agua es consecuencia de vender servicios públicos que previsiblemente no son eficientes. Se debe ir a la raíz del problema». La Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) es muy clara cuando habla de las consecuencias para los consumidores de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Una empresa gestionada en este momento por el consorcio liderado por Acciona.
El futuro del contrato depende del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tumbó la adjudicación a finales de julio. La Generalitat y la gestora de infraestructuras controlada por la familia Entrecanales presentaron recurso ante el máximo órgano judicial del país a finales de julio, pero aún no ha sido admitido a trámite.
UCC señala que, independientemente de este proceso, la factura del agua subirá más. “Los consumidores están condenados a hacer un uso puramente necesario de los servicios básicos. Se les imputa el déficit del sector energético y ahora las privatizaciones del agua. Es un problema de modelo de país”.
Nueva subida del 10%
La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha previsto que en los próximos dos años la factura del agua incremente otro 10%, recuerda UCC. En línea con las subidas desde 2012, cuando se firmó la privatización de ATLL. Ahora, abrir el grifo del agua es el 15% más caro que hace un año, asegura la organización.
Precisamente, es en el servicio en alta donde se han disparado los costes de explotación. La tarea que hace ATLL: tratar y transportar el agua desde el lugar donde se capta el recurso hasta los depósitos de cabecera de los municipios.
Subidas
Antes de firmar el contrato con Acciona, la Generalitat autorizó un incremento del 70% del precio del servicio. Argumentó que ninguna empresa privada se interesaría por tomar las riendas de la empresa pública si la tarifa no se adecuaba al precio real. El contrato estipulaba que la concesionaria subiría otro 13% en tres ejercicios sucesivos.
Los municipios de la red de abastecimiento ATLL pagarán el agua el 83% más cara tras la privatización de la empresa. Este porcentaje no se refleja tal cuál en la factura del usuario. Son los ayuntamientos y las empresas que controlan la red de distribución (agua en baja) quienes deciden qué parte repercute a la ciudadanía y cuál computa como presupuesto municipal.
El agua en alta equivale, aproximadamente, a un cuarto del precio final de la factura.
