Los Cierco piden a EEUU datos sobre la compra de Vall Banc
Los antiguos accionistas de BPA se acogen una ley federal que permite tomar prueba en EEUU a pesar de que la presunta estafa tuvo lugar en el extranjero
La familia Cierco, que en la última semana de septiembre presentó una querella contra Vall Banc y JC Flowers por un presunto fraude de más de 80 millones de euros, solicita ahora a la justicia de EEUU pruebas que estén en manos de su administración en relación al fondo norteamericano y el proceso de compra del banco andorrano.
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, y Joan Pau Miquel, quienes fueron accionistas y, respectivamente, copresidentes y consejero delegado de la desaparecida Banca Privada d’Andorra (BPA) se querellaron contra los responsables de la nacionalización de BPA, de su reconversión en la actual Vall Banc y de su venta al fondo JC Flowers.
El nuevo paso que dan los Cierco es una acción que se conoce como «petición bajo la ley 1782 del código federal», que permite a una parte en un ligitio en un tema extranjero tomar prueba localizada dentro de EEUU como si la querella se estuviera resolviendo en el país norteamericano.
Los Cierco indagan en el presunto fraude de Vall Banc
Los antiguos accionistas consideran que el vínculo estadounidense de JC Flowers permite preguntar a las autoridades de ese país por cualquier elemento sobre el fondo que pueda aportarse como «prueba» en la causa penal abierta en Andorra.
Estos datos pueden ser contratos, informes o propuestas que demuestren que la emisión de bonos que se realizó fue parte de «una estrategia de compensación o beneficio presunto para el fondo americano», y que no tuvo el valor que en su momento se le otorgó.
Los acusantes señalan que se realizaron presuntas maniobras financieras, cuando el banco ya era público, que podrían suponer el ingreso de «beneficios ilícitos» en perjuicio para actuales clientes y, en el futuro, con la liquidación del banco intervenido.
Alegan en la querella que una presunta operación fraudulenta de unos 80 millones de euros causó perjuicio a los actuales clientes después de la nacionalización de la entidad. La acusación va contra los miembros de la agencia andorrana de resolución de entidades bancarias (Areb), administradores de BPA, el consejo de Vall Banc y representantes de JC Flowers.
La querella de septiembre consta que Vall Banc, en coordinación con Areb, presentó balances valorados en 70 millones de euros que en realidad valen más de 96,5 millones en base a sus cálculos
