Los Carulla pagan a Hacienda y pactan con la Fiscalía para minimizar su caso
Lluís Carulla acepta la responsabilidad exigida a sus cinco hermanos ante la justicia
La familia Carulla, una de las estirpes empresariales más representativas de Catalunya, está a un paso de solventar los problemas judiciales que en los últimos años les ha traído de cabeza. La Fiscalía de Barcelona ha llegado a un acuerdo con los abogados de los propietarios de Agrolimen que minimiza la acusación inicial. El pacto supone un sacrificio: Lluís Carulla asume la responsabilidad de sus hermanos como único cerebro de la trama.
La pena a la que se expone –el juez aún debe dar su visto bueno– es leve. Se ha acordado cinco condenas de ocho meses permutables por valor económico. Además, con la conformidad, la Fiscalía recupera parte del dinero evadido al Fisco: se impone una responsabilidad civil de 6,3 millones de euros.
Causa
La causa, que se inició a finales de 2010, ha sufrido varios vaivenes. El juzgado de instrucción número 4, dirigido por el juez Joan Miquel Porras, la archivó varias veces y sólo la persistencia de la Fiscalía permitió que continuase adelante. El tramo final del proceso se ha retrasado también por el ascenso de Francisco Bañeres, fiscal que inició la investigación. Finalmente ha sido Pedro Ariche quien ha remachado el acuerdo.
El acuerdo entre Ariche y los letrados Fermín Morales y Emilio Zegrí supone adaptar el relato inicial de ambos lados. La Fiscalía acusaba a los seis hermanos —Artur, Lluís, Jordi, Aurèlia, Montserrat y Maria– de urdir una estrategia para repartir los dividendos generados en una de sus sociedades sin pasar por Hacienda. Por su parte, la defensa aseguraba que se trataba de una recolocación empresarial en el complejo entramado societario del grupo Agrolimen.
Conclusiones
Finalmente, la versión que ambas partes presentan al juez para su validación es la siguiente. Lluís Carulla, en su condición de presidente del grupo, repartió beneficios generados en la firma Arboinvest a sus hermanos con una compra-venta de acciones entre sociedades de su propiedad, off-shore incluidas. En opinión de la Fiscalía, se trata de una operación de distribución de dividendos simulada por lo que se defraudaron cuotas de IRPF de 900.000 euros por cada hermano. No obstante, “no consta que el resto de socios conociesen que la operación de reparto de dividendos descrita se ejecutase de manera opaca con el fisco”.
Ambas partes solicitan 5 penas de 4 meses de cárcel pero a condición de que se sustituyan, según el artículo 88 del Código Penal, por otras de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.
