Los bonistas más modestos ponen en solfa el rescate de Abengoa

Llevaban los traders dos semanas comprando y vendiendo acciones de Abengoa con la mirada puesta en juzgado mercantil 2 de Sevilla, para saber a qué atenerse en caso de que alguien impugnara el acuerdo de homologación que permitía extender las negociaciones para sellar el acuerdo de rescate hasta finales de octubre.

Y, al final, hubo impugnación. Se registró en el juzgado el pasado lunes 16 de mayo. En el último minuto del último día fijado para registrar las denuncias.

Empresarios de renovables

Solo ha sido una, por parte de cinco pequeños bonistas –empresarios de renovables españoles que compraron bonos de la multinacional sevillana por tres millones de euros–, pero suficiente para que, si el juez Pedro Márquez la admite a trámite, se abra un nuevo escenario de consecuencias imprevisibles en este enrevesado asunto.

«Esto es un procedimiento incidental más debido a la falta de información recibida por los pequeños bonistas. Una reacción no deseada, pero tampoco nos podíamos quedar cruzados de brazos mientras nos llevan al hoyo», comentan fuentes próximas a los autores de la demanda, en la que ha participado el despacho de abogados Zamora de Claver.

«Era esto o resignarnos a lo que otros decidan. Que nos digan que va a pasar, si vamos a cobrar o no», apuntan las mismas fuentes jurídicas.

Presuntas ilegalidades en las adhesiones

En la denuncia, los bonistas denunciantes aportan, como base de la impugnación, una serie de presuntas ilegalidades producidas durante el proceso de captación de adhesiones llevado a cabo a finales del pasado mes de marzo, de cara a evitar el concurso y prorrogar unos meses las negociaciones para alcanzar el acuerdo de reestructuración.

Echaron las cuentas para llegar a la conclusión de que apenas el 30% del 75% de esas adhesiones contarían con todas las premisas para ser consideradas legales. Sobre el 45% restante existen dudas de que lo sean. Y se manifiestan en la denuncia de varias maneras.

Incorrecta base de cálculo

Primero, porque entienden que se ha producido una incorrecta base de cálculo de los pasivos financieros, al incluir el importe de la deuda garantizada personalmente por las sociedades y excluir los pasivos financieros no corrientes y aquellos mantenidos para la venta.

Y, segundo, porque, según los denunciantes, en los pasivos auditados de créditos se han incluido a acreedores no adheridos al acuerdo de refinanciación, además de que pueden haber actuado como apoderados no debidamente legalizados y que existen intervenciones sin la debida consignación del documento.

El juez debe decidir y rápido

A partir de ahora, el juez Márquez deberá dar traslado de la denuncia a los acreedores financieros para que den su opinión. «Lo lógico es que se opongan a nuestra demanda y será el juez el que decida en uno u otro sentido», señalan los responsables de redactar la impugnación. Y, además, deberá de hacerlo a la mayor brevedad posible para que todas las partes sepan a qué atenerse.

Los acreedores financieros, representados a través del G-6 liderado por el Banco Santander, se muestran cautos, pero optimistas de que la impugnación quede en nada. «De momento todo sigue igual, se sigue negociando la firma de acuerdo definitivo, y habrá que ver en qué términos se pronuncia el juez», explican fuentes cercanas a las entidades financieras.

Desproporción

«Sería absurdo que prevaleciera la opinión de bonistas que tienen tres millones de euros sobre una deuda de casi 10.000 millones y se echara todo a perder», lamentan las mismas fuentes.

En los mismos términos se expresaba uno de esos traders que negocian títulos de Abengoa.  «Manda narices que, para salvar la empresa, se exija la adhesión mínima de un 60% de acreedores, mientras que para hundirla baste un particular que tenga 100.000 euros en bonos. Es absolutamente desproporcionado y espero que el juez determine la no procedencia de dicha impugnación», señalaba indignado.