Los bancos piden ayudas fiscales al Gobierno para salir de la ruinosa Sareb

Santander, Caixabank, Sabadell y el resto de bancos accionistas quieren salir de la Sareb, que arrastra un agujero de casi 35.000 millones de euros tras más de nueve años en pie. El Gobierno prevé aprobar en breve un cambio normativo que le permita el control total de esta sociedad, ya que actualmente tiene limitada su participación al 50%. 

Botín, Goirigolzarri, Oliu y compañía no quieren irse de la sociedad con las manos vacías y negocian con el ministerio de Economía desde hace meses sus condiciones de salida, prevista inicialmente para finales de este año. Pero no lo harán hasta obtener una compensación fiscal, revelan fuentes financieras. “Se descarta un desembolso de dinero, el caballo de batalla es salvar los activos fiscales diferidos”. 

La banca no quiere perder los DTA (Deferred Tax Assets), estos se generan cuando se obtienen pérdidas en un ejercicio que pueden compensarse en el futuro, cuando se registren beneficios, reconociéndose por tanto un activo en el balance. 

Las mismas fuentes explican que la intención de la banca era salir de Sareb a final de 2021, si bien, el pasado mes de mayo se aprobó la conversión de 1.429 millones de euros de deuda subordinada en capital y esta conversión ha hecho que la sociedad empiece a operar con recursos propios negativos y su participación valga cero. Asimismo, recuerdan que todas las entidades tienen provisionado el impacto en la cuenta de resultados. 

Sareb opera con normalidad pese a tener recursos propios negativos (-1.491 millones de euros) después de aprobarse el Real Decreto-Ley 6/2020, donde se establece que esta situación no implica la disolución de la sociedad, que de normal habría quebrado, y puede continuar su actividad. 

El conocido como “banco malo”, presidido por Javier García del Río, decidió el pasado mes de marzo reclasificar su deuda en las cuentas públicas, siguiendo las peticiones de Eurostat y alineándose con lo que han hecho otras entidades similares en Europa.  

Desde su creación y hasta ahora, la Sareb solo ha amortizado 15.000 millones de euros, de manera que la deuda restante (más de 34.500 millones) computan ahora en las cuentas públicas. Fuentes del ministerio de Economía, explican que la reclasificación de Sareb dentro del perímetro publico establece un nuevo marco de actuación y por tanto se debe adecuar la estructura.  

Para que esto ocurra tiene que cambiar primero la ley. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se constituyó en 2012, en el contexto de la crisis financiera, para vender los activos problemáticos de las entidades bancarias.  

En el Real Decreto 1559/2012, se especificó que era una institución financiera privada no controlada por las Administraciones Públicas y debía contar con accionistas públicos y privados. En concreto, se estableció que la participación pública no podría ser superior al 50%.  

El Ejecutivo, a través del Frob, se quedó el 45,9% y la banca el otro 43,59%. A la cabeza, el Banco Santander que tras adquirir el Banco Popular se quedó con el 22,23%. Le sigue Caixabank, que cuenta con un 12,24% y Banc Sabadell, que tiene el 6,61% del capital social.  

El resto de entidades cuentan con una participación residual, entre ellas Kutxabank (2,53%); Ibercaja (1,43%); Bankinter (1,3%); Unicaja (1,2%), Cajamar (1,21%) o Mapfre (1,1%). Para que el Gobierno pueda tener el 100%, se prevé aprobar un cambio normativo a principios de 2022.  

Estas fuentes recuerdan que el objetivo será el mismo, “avanzar en la gestión y la venta ordenada de estos activos con el menor coste posible para los ciudadanos”. Y advierten que no se contempla ninguna inyección más de ayudas públicas. 

La deuda solo se ha reducido un 32% en más de nueve años

El Gobierno y la banca aportaron 4.800 millones de euros en la constitución de Sareb (1.200 millones de euros de capital y 3.600 de deuda subordinada). La sociedad adquirió activos valorados en 50.781 millones de euros con el compromiso de liquidar los inmuebles y préstamos adquiridos antes de noviembre de 2027.  

Según las últimas cuentas publicadas por Sareb (a cierre de septiembre) el saldo de deuda viva se situaba en los 34.570 millones de euros, lo que supone una reducción de solo el 32% (16.200 millones) respecto al volumen emitido en el origen para adquirir los activos, hace más de nueve años. La cartera se ha reducido en un 40%.  

El Plan de Negocio de Sareb para el periodo 2020-2027 muestra «la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía». Precisamente por esto, cuando el Gobierno tome el control, podría decidir alargar el plazo más allá de 2027.