Los autónomos piden a Rajoy que no aplace la ley de segunda oportunidad

El ministerio de Economía ha empezado a mover ficha para abordar una de las peticiones que más han repetido los autónomos los últimos años: la renovación de su legislación concursal. El sector aplaude la ejecución, pero muestra sus recelos en que el calendario electoral condene a la ansiada ley de segunda oportunidad a reposar en un cajón. Reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy que no posponga la norma hasta la próxima legislatura. 

«La ley actual condena a la indigencia», manifiesta la vicepresidenta de la Federación nacional de trabajadores autónomos (ATA), Celia Ferrero. La patronal se muestra optimista en que la norma se podrá renovar sin problemas mediante un decreto ley. 

Por el momento, el ministerio dirigido por Luis de Guindos ha encargado al resto de departamentos que están relacionados con la iniciativa (Justicia, Economía y Hacienda) a que den sus opiniones sobre las novedades que debe incluir. Economía se encargará después de redactar un borrador común que prevé terminar en marzo, según fuentes conocedoras del proceso. Los agentes sociales esperan incorporarse a la negociación en ese momento. 

Peticiones de los agentes sociales

Ya ha salido a la luz el documento preparado en el Ministerio de Justicia. Su medida estrella es autorizar a los magistrados a borrar la mitad del pasivo si certifican que el autónomo ha hecho todo lo posible por pagar sus deudas en tres ejercicios e introduce la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial sobre quitas. Las medidas han gustado a patronales y sindicatos, pero piden que vaya más allá. 

Entre otras propuestas, ATA solicita que la norma garantice unos ingresos mínimos para los autónomos concursados y que se nombren administradores concursales de oficio. Los sindicatos reclaman que la iniciativa esté acompañada de una línea de financiación pública o mixta para evitar el efecto rebote que temen que ocurra. Es decir, que los bancos limiten aún más el crédito al sector. 

Ampliar su aplicación 

El Consejo General de Economistas (CGE) también se ha pronunciado sobre la norma. Reclama que se abra a micropymes, pequeñas empresas y personas físicas sin actividad empresarial, ya que también son colectivos «desamparados» por la legislación vigente. En línea a las apreciaciones de los jueces de lo mercantil, quienes lidian con las quiebras en primera línea. 

«Muy pocos particulares presentan concurso en España si se compara con Francia, Reino Unido o Estados Unidos, no ven los beneficios en hacerlo», declara el titular del Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo. El magistrado indica que la reforma de 2013 obliga a las personas físicas a abonar el 20% del crédito ordinario del pasivo y la totalidad de los préstamos con privilegio especial (hipotecas) y la deuda pública. «Nadie llega a esos umbrales». 

Fernández Seijo pide que se aborde con urgencia el cambio legislativo. «Llevamos demasiados años de retraso». Especialmente en un momento en que el autoempleo se reivindica como forma de atajar la tasa de paro del 23,7%. 

Deudores concursados

Sólo 64 autónomos presentaron concurso de acreedores en 2014, cifra que sitúa la variación anual acumulada en el -15,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de personas físicas sin actividad empresarial también está en negativo: el 18,6%. En este caso, reconocieron su quiebra ante los tribunales un total de 142 personas.