Los afectados llevan al fiscal los pagarés de Nueva Rumasa
La organización Facua ha pedido al fiscal que abra diligencias para averiguar si hubo estafa en la captación de capital de Carcesa
Al final el caso de la práctica suspensión de pagos de Nueva Rumasa terminará en los tribunales. La organización de consumidores Facua ha pedido a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abra diligencias previas para determinar si Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), con domicilio social en Mérida, estafó a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 utilizando su dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa, en lugar de para comprar empresas, como indicaba el folleto informativo de los títulos, informa el diario El País.
Bajo el citado objetivo, Carcesa consiguió algo más de 70 millones de euros en 2009 en pagarés, que prometían un interés anual del 8% y un plazo de vencimiento de un año. Pero durante todo el ejercicio, la propietaria de las marcas Apis y Fruco únicamente compró una empresa, Quesería Menorquina, que tiene un valor contable de 1,7 millones de euros, según figura en el Registro Mercantil.
Al parecer Carcesa aprovechó esos fondos para reducir su deuda con varias entidades financieras, sobre todo a corto plazo, que pasó de 28,9 a 18,7 millones de euros entre el cierre de 2008 y el de 2009, y prestar 124,3 millones a otras empresas del grupo, como lo indica en su informe de auditoría
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Mientras avanza la situación preconcursal, varios suscriptores de las emisiones de pagarés y participaciones sociales de Nueva Rumasa han comenzado a contactar con despachos de abogados para solicitar información sobre su situación, y es muy posible que se constituyan plataformas de afectados como ya sucediera en los casos de Afinsa y Fórum Filatélico.
Despachos de abogados
Santiago Viciano, socio de V Asociados, ha recibido entre 100 y 200 consultas de inversores de toda España, sobre todo de suscriptores de las dos primeras emisiones, y ha comenzado a fijar reuniones con algunos de ellos. El despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero ya está trabajando con una plataforma, denominada «Plataforma de afectados Nueva Rumasa», que dice representar a unas 800 personas. Iure Abogados también ha creado un grupo de trabajo para asesorar a los inversores en las compañías de la familia Ruiz-Mateos.
