Los acreedores de Celsa exigen a los dueños renunciar al 100% del exceso de valor
Los fondos acreedores piden la repartición de los valores en exceso de la SEPI y la deuda mientras que los propietarios de Celsa, la familia Rubiralta, quieren quedarse con el 100%
Una imagen de la planta de Celsa en Castellbisbal (Barcelona).
Los acreedores de Celsa están dispuestos a seguir negociando para desbloquear la ayuda financiera de la SEPI, pero advierten de que no habrá acuerdo si la familia Rubiralta, a la que acusa de haber hecho una «desastrosa gestión», pretende retener el 100% del valor por encima de la deuda reestructurada.
Los dueños de Celsa negocian a contrarreloj con los fondos acreedores para tratar de llegar a un acuerdo antes del 30 de junio que permita inyectar 550 millones de ayuda financiera ofrecida por la SEPI para garantizar la viabilidad de la siderúrgica.
En un comunicado, estos acreedores, que controlan deuda de la compañía por unos 2.200 millones, aseguran que su objetivo es buscar un acuerdo «justo» que reduzca la deuda de Celsa y le sitúe en una posición financiera firme «para que pueda prosperar y crecer en los próximos años».
Subrayan su compromiso con la viabilidad del grupo, lo que incluye la continuidad del centro de decisión y de su órgano de gestión en España y el mantenimiento del empleo.
Los fondos, entre los que figuran entidades como Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean, niegan «categóricamente» haber presentado una propuesta para «apropiarse de las ayudas públicas» y aseguran que su prioridad es lograr un acuerdo que permita a Celsa recibir las ayudas de la SEPI.
Critican la gestión de los Rubiralta
De hecho, afirman, aceptan todas las condiciones establecidas por la SEPI y el único punto de desacuerdo es «en cuánto se beneficia la familia Rubiralta de este acuerdo a costa de los acreedores».
«La empresa propone que, después de que los prestamistas condonen 1.200 millones de euros de deuda (que se utilizaron para ayudar a crear y hacer crecer el negocio), la familia Rubiralta mantenga el 100 % del control de la empresa y capte el 100 % del valor por encima de la deuda reestructurada», explican en la nota.
Los acreedores dicen que están dispuestos a acceder a la petición de los Rubiralta de retener el 100 % del control de la empresa, pero no aceptan que sigan poseyendo el 100% de todo el valor una vez que la financiación de la SEPI y la deuda reestructurada sean reembolsadas.
Sostienen que la propuesta de la empresa es «injusta, desproporcionada y totalmente incoherente con todos los principios establecidos de las finanzas corporativas», puesto que pide a los acreedores que renuncien a 1.200 millones de euros que les debe Celsa, mientras que «la familia Rubiralta solo tiene previsto aportar 50 millones a la empresa».
«La propuesta de Celsa vulnera directamente el principio de prioridad absoluta, que exige que ningún valor vaya a los accionistas hasta que los acreedores sean satisfechos en su totalidad», señalan los fondos, que defienden que su petición es «coherente» con la exigencia de la SEPI de poder convertir parte de su financiación en capital al valor de mercado vigente en ese momento si la empresa no pudiera pagar sus deudas.
Los fondos proponen que si hubiera algún valor en exceso de la SEPI y la deuda reestructurada este se asignara en un 51% a los accionistas actuales y en un 49% a los acreedores, mientras que la familia Rubiralta, sostienen, quiere que este exceso de valor quedara íntegramente bajo su control.
Los acreedores se muestran muy críticos con la gestión de la familia Rubiralta, basada en un «endeudamiento excesivo e insostenible» durante más de una década, lo que ha obligado a la compañía a realizar tres reestructuraciones del negocio en España, una en Reino Unido y dos más en Polonia.
«Todas han dañado la credibilidad internacional de la empresa», lamentan los acreedores, que reprochan además a los Rubiralta que en todo este tiempo no hayan hecho ninguna aportación de capital.
Los acreedores internacionales de Celsa aseguran ser instituciones «preeminentes, bien reguladas y capitalizadas» y recuerdan que adquirieron la deuda del grupo «con un descuento proporcional al altísimo nivel de riesgo de impago que conllevaba», tanto por las reestructuraciones realizadas hasta el momento como por «la desastrosa gestión financiera» de los dueños.
Denuncian además que desde finales de 2019 la empresa «ha tratado de evitar el cumplimiento de cualquiera de sus compromisos» con los acreedores a pesar de haber alcanzado niveles récord de rentabilidad.
