Los accionistas del Popular se quedan sin tiempo para reclamar el dinero de la ampliación de capital

Este 28 de agosto acaba el plazo para los que acudieron a la ampliación de 2012 y 2016, después solo podrán reclamar por daños y perjuicios

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Ya han pasado cuatro años desde que el Banco Santander comprara el Banco Popular por 1 euro, después de que la Junta Única de Resolución (JUR) optase por la resolución de la entidad. El que era (en 2017) el sexto banco de España, dejó a más de 300.000 accionistas y titulares de deuda subordinada sin su dinero. 

El plazo para reclamar es diferente si las acciones se adquirieron en la ampliación de capital de 2012 y 2016, o fuera de las mismas, esto es, en el mercado secundario. En el caso de las primeras, es de cuatro años y en el segundo, de tres.  

Ambos plazos se abrieron cuando los afectados tuvieron conocimiento de que la información de la entidad no reflejaba su imagen fiel, y esto fue el 7 de junio de 2017, así que el de los primeros finalizaba en junio de este 2021, coincidiendo con el tercer aniversario de la resolución de la entidad. Y para los que lo hicieron en el mercado secundario, en julio del año pasado. 

Pero con el estallido de la pandemia, y su consecuente confinamiento entre marzo y junio de 2020, se suspendieron todos los plazos de prescripción y caducidad. De manera que la fecha límite se amplió en ambos casos hasta el 28 de agosto (de 2020 y 2021, respectivamente) al sumar los 82 días de la suspensión por el estado de alarma. 

Es decir, en agosto del año pasado acabó el plazo de prescripción para las acciones de responsabilidad por el contenido falseado del folleto de la emisión para los accionistas del mercado secundario. Sin embargo, todavía pueden reclamar por daños y perjuicios. Para este tipo de reclamación judicial, el plazo de prescripción es de 5 años. 

Este 28 de agosto acaba el plazo para aquellos que acudieron a la ampliación de capital de 2012 y 2016, con independencia de la fecha de adquisición. Ya que esta reclamación no se articula a través de la acción de responsabilidad por el contenido del folleto, sino reclamando la nulidad de la adquisición por error como vicio en el consentimiento.  

Este 28 de agosto acaba el plazo

Asimismo, estos accionistas tienen también pueden reclamar por daños y perjuicio. Desde Navas & Cusí explican que durante el año 2012 se llevó a cabo una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros debido a la cantidad de activos tóxicos que tenía el Popular. 

Pero fue insuficiente y en 2016 se hizo necesaria una segunda ampliación de capital en la que el banco vendió a los accionistas una imagen de solvencia económica y patrimonial, indicando que se obtendrían importantes beneficios y cobrarían dividendos. Los dividendos nunca llegaron y los beneficios se convirtieron en pérdidas.

También en 2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a Banco Popular con una multa de un millón de euros por la comercialización de los famosos bonos convertibles, por considerar que se vulneraron los deberes de información a los inversores previstos en la legislación, recuerdan del despacho de abogados.  

En el inicio de 2017, la auditora del banco, PwC, reveló que el Popular tenía que elevar las pérdidas presentadas a cierre del 2016, la entidad tuvo que corregir sus cuentas y desde entonces, las pérdidas en bolsa empezaron a sucederse. Jasta que en junio llegó su final, ya por todos conocido.  

Los accionistas reclaman ahora ante el Santander 

Como el Banco Santander se quedó el Popular, las reclamaciones ahora las gestiona el banco de Ana Botín. La entidad describe en su informe semestral que en este momento “no es posible prever el total de las reclamaciones que podrían presentarse por los antiguos titulares de acciones e instrumentos de capital, ni sus implicaciones económicas”, ya que el plazo legal sigue abierto. 

Aunque no avanzan cuántas demandas han recibido en este tiempo, si detallan que el coste estimado de una “eventual compensación” a accionistas y obligacionistas de Banco Popular ascendía a 680 millones de euros en 2017.  

Y de estos, 535 millones de euros se aplicaron a la acción comercial de fidelización. Esto son los bonos que el Santander ofreció a los accionistas minoritarios del Popular ese año para compensar la pérdida. Es decir, que los 145 millones de euros restantes son los que el Santander guarda para las indemnizaciones de aquellos que no aceptaron la acción de fidelización.

Desde Navas & Cusí explican que muchos accionistas desconocen que acaba este plazo, asimismo recuerdan que otros muchos se desaniman por la lentitud de los juzgados.  

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